La reciente protesta de la Policía de la Provincia de Santa Fe, con reclamos de índole salarial y laboral, amerita algunas consideraciones sobre la cultura institucional a sostener en aquellas reparticiones del Estado que no deben estar sindicalizadas, es decir: Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y organismos de Inteligencia.
En tales instituciones la misión asignada requiere de una estricta disciplina que, necesariamente, se vería tensionada y afectada si se habilitara cualquier tipo de sindicalización. Ahora bien, el rigor de la disciplina se funda siempre en valores, porque sin valores la disciplina no sería otra cosa que una mera rutina irreflexiva. En estas instituciones, integradas por personas y no por autómatas, las conductas no se guían por capricho sino por estímulos de racionalidad que afirman el sentimiento de pertenencia, validan las jerarquías y contribuyen a que las sociedad reciba lo que se espera de ellas.
Mantener esos estímulos, conservando el orden y fomentando la camaradería en el cumplimiento de la misión, no es otra cosa que el deber de toda conducción jerárquica, ya sea profesional o política. Entre los deberes de conducción es fundamental el cuidado del recurso humano, sin el cual no hay instituciones viables. Por ello, los reclamos de índole salarial y laboral que en otros ámbitos se canalizan a través de organizaciones gremiales, en estas instituciones deben ser atendidos por sus jefaturas. Y tempranamente, no cuando el personal ya tiene una colección de necesidades básicas en rojo. Tienen pues los jefes la obligación de conocer la situación de sus subalternos, tomar sus reclamos y trasmitirlos a la superioridad hasta la instancia política con poder de resolución.
Cabe asumir, porque así surge de la dinámica interna de estas instituciones, que quienes ejercen la más alta conducción de las mismas conocen el grado de riesgo de quiebres en la disciplina que va escalando cuando a través del tiempo la conducción política no ofrece solución alguna a los problemas planteados. Llegando al punto de no retorno, si un jefe de carrera no logra respuestas del poder político no es una buena decisión permanecer en el cargo hasta que el conflicto estalle. Permanecer en espera no es práctico, no es útil, ni es digno.
Es una característica común a todas estas instituciones un tajante sentido del sacrificio, incluyendo el sacrificio de la vida. Por ende, cualquier oficial superior a cargo de estas instituciones, debe saber en qué momento sacrificar su carrera para pedir el pase a retiro dejando en evidencia la falta de respuesta de la conducción política. De esa manera se evita dañar el espíritu de cuerpo al preservar la disciplina y posicionar a su sucesor en mejor condición de hacerse entender.
Obsérvese que en caso de la resolución del conflicto santafesino la respuesta del gobierno provincial, obviamente tardía, incluyó la remoción del jefe de la Unidad Regional II de Rosario, comisario Guillermo Solari, sin embargo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni, sigue en su cargo.
La pregunta es: ¿Por qué recién después de la protesta el gobernador Maximiliano Pullaro decidió anunciar medidas que pudo tomar antes? El 15 de Febrero, en la apertura de las sesiones legislativas, afirmó Pullaro:
"Muchos de los que están en la calle son jóvenes que recorren kilómetros desde su casa, con turnos de 48 horas que complican estar con la familia e interrupción de días de descanso. Días atrás escuchamos su reclamo, en una protesta. Desde un principio lo entendimos como justos, porque eran consecuencia de las tareas que se les ordenaron para devolver la tranquilidad a la población. Decidimos tomar medidas que mejoran las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad, que vamos a profundizar".
Subrayo esta frase dicha ante la Legislatura: "Días atrás escuchamos su reclamo, en una protesta". ¿Recién entonces se anotició el gobernador de la situación de sus policías? ¿No le pidió antes de eso su ministro de Seguridad alguna propuesta para atender a esos reclamos? ¿Cómo no estaba al tanto? ¿No lo escuchó antes? ¿Nadie le habla?
Salvo que el gobernador Pullaro mienta, queda en evidencia una grave falencia comunicacional por debajo de él que involucra a la propia conducción policial y a la conducción política que encabeza el ministro Cococcioni. Y eso no se corrige con la sola remoción de un jefe policial.
Es por todos conocido que el conflicto policial en la Provincia de Santa Fe no es el primero. Y sería un exceso de optimismo suponer que será el último. Está en curso la protesta de policías y penitenciarios de Río Negro y existen otras situaciones que pueden evolucionar hacia nuevos quiebres de la disciplina.
Basta una pasada por las redes sociales para comprender que hay quienes se muestran interesados en explotar insatisfacciones del personal en el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, e incluso en áreas de menor trascendencia pública como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (sobre la cual "alguien" le está pasando letra a "periodistas de investigación" para que escriban falsedades con evidente intencionalidad).
Mientras desde la política no se asuma la necesidad de fortalecer la cultura institucional propia de las organizaciones jerárquicas que hacen al orden y la seguridad del Estado, los quiebres de disciplina (sean públicos o no) frente a demandas no satisfechas van a seguir siendo una constante.
El kirchnerismo, con su visceral odio a toda institución que participó de la victoria sobre el terrorismo castrista, provocó la más grave crisis institucional de las Fuerzas de Seguridad en este siglo. La protesta de suboficiales de Gendarmería y Prefectura en Octubre de 2012, cuando Nilda Garré ocupaba la cartera de Seguridad, dejó consecuencias que duraron mucho más que la atención de la prensa y la ciudadanía.
Ocurre que el kirchnerismo creó en 2005 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el objetivo subvertir la cultura institucional de las demás fuerzas de seguridad y policiales, para que dejara de existir el "ser policía, "ser gendarme", ser prefecto" y se lo reemplace por el "trabajar de", dos cosas completamente distintas. Y esa pretensión requería hacer cada día más notorio el escarnio a los uniformados al punto de sumergirlos en la pobreza. Algo que, no hay que olvidar, comenzó el Presidente Raúl Alfonsín cuando siguiendo el consejo de Dante Caputo se propuso que las FFAA no tuvieran capacidad operacional ni los militares sueldos dignos. Sucesos que se dieron luego son la continuación de aquello, amplificado sobre cualquier uniforme.
Tanto es así, que en su discurso del 26 de Junio de 2012 la entonces Presidente Cristina Fernández hizo referencia a los efectivos de Gendarmería fallecidos cuando se desplazaban desde Chubut a Mendoza. La hoy condenada utilizó esas muertes con un repudiable sentido político oportunista y en víspera de la protesta de la CGT en reclamo del aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, trajo a colación los bajos sueldos de los fallecidos, sin aportar ninguna solución. Y después pasó lo que pasó.
A diferencia de los gobiernos del régimen kirchnerista, el gobierno del Presidente Javier Milei no milita odios contra los uniformados y tampoco se le puede atribuir la mayor responsabilidad por los bajos sueldos y falencias como las que muestran las obras sociales de las fuerzas. Son problemas que vienen de antes, sí; pero ahora le toca resolverlos a este gobierno que debe estar presto a ir dando respuestas a tiempo para evitar escaladas de malestar que lleven a conflictos. Por supuesto no todo es dinero, pero satisfacer necesidades básicas requiere dinero, mantener operativa una fuerza requiere dinero y sin haberes dignos no hay recurso humano en condiciones de brindar servicio con la dedicación que hace a la eficiencia,
Como otra cuestión que es dable tener en cuenta para el fortalecimiento de la cultura institucional, aparece una brecha generacional sobre la que es necesario trabajar. Lo observé y describí en un artículo de La Prensa en Septiembre de 2020 (leer artículo cliqueando aquí), durante la protesta de la Policía Bonaerense alrededor de la Quinta de Olivos.
Esa diferencia generacional de los más jóvenes en su entendimiento de pertenencia institucional y del cumplimiento del deber, ahora también la advierte Hernán Lascano, en el artículo de La Política Online que titula "Generación Z, el corazón de la revuelta policial de Santa Fe" y en el que puntualiza que "la base de la protesta la formaron hombres y mujeres menores de 30 años, que -aunque desapegados de modos de acción colectiva- están formados en una idea del derecho a reivindicaciones personales, lo que barre también con el fuerte distintivo del principio de obediencia irrestricta de instituciones de organización vertical".
Es lógico que las nuevas generaciones pretendan cambios institucionales, cierta "rebeldía" hace a la dinámica de la vida misma, pero no debe soslayarse que en lo que va del siglo esas nuevas generaciones crecieron bajo el régimen kirchnerista siendo blanco de un orwelliano proceso de desmemoria y adoctrinamiento colectivo con el uso faccioso de los recursos del Estado, por lo cual sus valores no son enteramente genuinos. Les cuesta entender las razones por las que las instituciones deben primar por sobre la voluntad de los individuos, y es en ese punto trascendental donde la cultura institucional debe imponerse, desde la conducción profesional y política, para lograr asimilarlos a ella sin mayores conflictos ni riesgo de anarquía.
Es de suponer que entender las claves para evitar protestas de las fuerzas, no ha de ser difícil para la ministro de Seguridad Alejandra Monteoliva. Pues algo debió aprender de su mala experiencia como ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
Designada por el gobernador José Manuel de La Sota el 16 de septiembre de 2013, permaneció en el cargo menos de tres meses. El 9 de diciembre de 2013 su gestión era un fracaso irrecuperable como consecuencia de la trágica protesta de la Policía provincial que pulverizó la idea del orden público. Esa protesta, que comenzó a sentirse y escalar con reclamos de familiares (una constante en este tipo de conflictos), no fue atendida debidamente, se la subestimó, no se la gestionó y terminó con disturbios (saqueos) que obligaron al gobernador a desplazar a la ministro, su jefe de gabinete y el jefe de la policía.
El caso sirve como un ejemplo de manual de lo que este articulo expone. Sin comprender la cultura institucional, sin los valores de camaradería y sacrificio en las jefaturas profesionales, sin una conducción política previsora y proactiva, el cuento va a terminar siempre de la misma manera: teléfonos descompuestos, la insubordinación, el quiebre de la disciplina, la remoción de algún jefe policial (al que le hubiera ido mejor renunciando), eventualmente la salida de algún político que más temprano que tarde será reciclado en otro cargo (ese "espíritu de cuerpo" sobrevive a cualquier cosa como las cucarachas), y la presentación de una solución tardía que pudo darse antes.
Será muy difícil implementar directivas de Seguridad Interior como políticas de Estado si se sigue normalizando que el malestar de policías y penitenciarios provinciales, como de las fuerzas federales, es lo cotidiano y el estallido de la protesta algo que va a seguir ocurriendo de tanto en tanto. Urge romper ese ciclo nocivo.
Por eso digo: fortalecer la cultura institucional, en toda su dimensión y complejidad, es clave para que fuerzas y organismos que hacen al orden y la seguridad que el Estado debe garantizar a los habitantes puedan cumplir su misión de modo satisfactorio.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
