Muchos artículos de este blog expresan mi opinión respecto a que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) es un ente que por innecesario y dañino califica como aberración jurídica.
Fue creado por la Ley 23.187 que responde a una concepción jurídica y política de rancio sesgo autoritario, manifestada vehementemente a través de un articulado reglamentarista y corporativo a todas luces inconstitucional.
Contra esa aberración, escribimos en coautoría con la Dra. María Inés Calvo "USO Y ABUSO DE LAS CORBATAS" (Editorial de los Juristas Underground, 1994) y revistamos años luego en la agrupación Bloque Constitucional junto a otros colegas opuestos a la existencia del CPACF.
Lo absurdo de la existencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, rebautizado "Colegio Público de la Abogacía" por esa moda imbecilizante del "lenguaje inclusive", da lugar a infinidad de otros absurdos surgidos de los asuntos donde, por decirlo de algún modo, toma intervención.
El artículo del Dr. Gonzalo Mugica que leerán a continuación versa sobre un expediente concreto donde quedan en evidencia varios de esos absurdos, lo que nos recuerda que el debate sobre la colegiación obligatoria dista mucho de poder cerrarse.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
EL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL COMO SUJETO ACTIVO DE EXACCIONES ILEGALES
Decía el célebre académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Enrique Falcón, que un abogado no necesita de ningún Colegio Público para ejercer el derecho de defensa. Entre otras cuestiones, porque precisamente para eso estudió Derecho. Es decir, el abogado no necesita que ningún burócrata le venga a enseñar nada que ya aprendió en la Universidad y durante el ejercicio de su carrera. No obstante, los letrados se ven obligados -para ejercer su oficio- a pagar una jugosa matrícula anual. Matrícula que no le redunda ningún beneficio. Así, fácil es advertir que los abogados que pretenden trabajar se ven coaccionados a costear una estructura burocrática que les es ajena, inútil y que sólo responde a intereses personales de aquéllos que dicen velar por el noble ejercicio de la profesión. Tercian aquí el afán de un presunto prestigio a cualquier precio, el tráfico de influencias, los acomodos, y vaya uno a saber qué.
Este es el lado B de la crisis de Justicia de nuestro país. Es común escuchar cargar contra la corrupción infiltrada en el Poder Judicial. Pero nunca se ha escuchado criticar abiertamente a esta institución burocrática que ampara el ejercicio mafioso de la profesión y que castiga al abogado honesto. Porque el abogado honesto no responde al mandato del dios dinero, sino que está condicionado por sus principios éticos. Caso testigo de lo reseñado en este párrafo es el trámite del expediente nro. 29632/III que se gestionó puertas adentro del referido Colegio Público; trámite que es un culto a la violación del derecho de defensa contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Si un abogado es cuestionado por el tenor de lo que denuncia en sus escritos debería, eventualmente, quedar sujeto al dictamen de la Justicia y no a la desventura de un Tribunal de Disciplina que se jacta de ignorar principios elementales del Derecho.
Haciendo un paralelismo con la política, podemos decir que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también está tomado por la casta, disfrazada del mandamás de turno.
Gonzalo Mugica
T. 74, F. 725 CPACF
