No es una pregunta menor la que da título a esta nota. La escribo desde el desagrado que como abogado me causan la supuestamente abogada Cristina Fernández de Kirchner, Presidente de la Nación Argentina, y el abogado Jorge Rizzo, Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Entidad a la que considero una aberración jurídica.
Fernández, cuyo negro atuendo nos recuerda siempre la viudez que la aflige aunque baile el Himno Nacional en son de cumbia, acaba de sostener (irónicamente, se supone) que en el 2015 prefiere ser juez, ya que para serlo basta muy poco y se tiene un gran poder. Pero para ser Juez primero hay que ser abogado, y no consta que califique. Clarificar si es o no abogada debería ser entendido como una cuestión de Estado. A más de esa duda, sus dichos agravian al Poder Judicial deteriorando la imagen de la Justicia y la de los abogados que deben acudir a ella.
Por otra parte está Rizzo, para quien la consecuencia de la declaración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial, es que a la lista de consejeros "se la van a tener que meter en el culo". Nunca tuvo el CPACF alguien que represente tan fielmente lo burdo de su espíritu. La hipocresía de la Ley 23.187, que proclama defender la dignidad y la libertad de la profesión de abogado, es la misma con que Rizzo pretende pasar por defensor de la Constitución Nacional.
Entonces, ¿qué prestigio tiene la abogacía en la Argentina?. Cada vez menos. Y en gran parte por responsabilidad de los propios abogados que en su mayoría se han entregado al conformismo relativizando la supremacía de la Constitución Nacional. Sin libertad no hay prestigio, y los colegios públicos de abogados que se arrogan la representatividad de la profesión no se sostienen con aportes voluntarios de quienes libremente deciden afiliarse a ellos. Son cotos corporativos de afiliación coercitiva, que parten de desconocer la validez nacional de los títulos de abogados. Mal indicador de que puedan velar por la ética profesional.
Contando con la indiferencia, o el desprecio, de la mayoría de los abogados, ya que sólo un bajo porcentaje acude a votar en las elecciones pese a que sea obligatorio, el CPACF presidido por Rizzo cobrando peaje por ejercer la abogacía maneja un presupuesto anual de 78 millones de pesos.
78 millones son un dineral. No obstante el CPACF se dispone ahora a aumentar el costo de la matrícula para poder gastar 88 millones de pesos. Mucho, muchísimo más de lo que se necesita para cumplir con la función que le atribuye la ley. ¿Y qué hace con tanto dinero el CPACF? Lo gasta, claro. Pero es difícil saber con precisión en qué porque carece de estados contables desde el 1° de Mayo de 2011. Rizzo y Gente de Derecho, la agrupación que gobierna el CPACF, se parecen bastante al kirchnerismo en los modos de administrar; y en otras cosas también,¡bah!, son lo mismo. Así, aunque las cuentas no estén claras algunos gastos ridículos saltan a la vista.
Con tanto dinero que nos confisca a los abogados por el sólo hecho de ejercer nuestra profesión, el CPACF se puede dar el lujo de contar en su sede de la Avenida Corrientes con dos escaleras mecánicas; para subir y bajar de un entrepiso. Ni siquiera un piso, un entrepiso en un edificio que cuenta con ascensores. En la revista Quantum del mes de Abril de 2012, donde se consigna el acto inaugural con foto de Rizzo incluida, se puede leer este párrafo:
"De esta manera, nuestro Colegio se convierte en la primera entidad profesional de la República Argentina en incorporar escaleras mecánicas de primera tecnología a sus instalaciones".
Decirse "la primera" revela que a ninguna otra se le ocurrió gastar dinero en semejante estupidez, pero claro, no todas recaudan con la facilidad con que lo hace el CPACF.
Con sus dichos y procederes, tanto la Presidente de la Nación como el Presidente del CPACF contribuyen al desprestigio de la abogacía en la República Argentina, pero la principal causa de deterioro excede sus propios méritos y es la falta de compromiso de los abogados con la defensa de la Constitución Nacional. Mientras permitamos que la validez nacional del título de abogado sea fragmentada en el interés de cotos corportativos, la dignidad y la libertad de la profesión seguirá siendo la mera declamación hipócrita de la Ley 23.187.
Para recuperar el prestigio de la abogacía, es necesario derogar la Ley 23.187 y terminar así con el sistema de matriculación obligatoria y múltiple; a ese noble propósito se encuentra consagrado, desde las entrañas mismas del monstruo, el Bloque Constitucional Lista 61 del CPACF. Más allá del mamarracho actual, habrá esperanza mientras haya abogados que entiendan la profesión desde la defensa de la Libertad.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asociado de Vicente López
