martes, 18 de septiembre de 2012

COMPROMISO DE LABOR PARLAMENTARIA


Desde el inicio de la Campaña Macedonio Fernández, con la cual me postulo como candidato diputado nacional para las elecciones del 2013, he participado de reuniones organizadas por adherentes en las que distintos grupos de personas expresan sus deseos de representación, planteando puntos de interés e interrogándome sobre la que sería mi labor parlamentaria. Para mi sorpresa todos prefieren pasar por alto el carácter utópico de mi postulación, cosa que por una cuestión de realismo siempre me encargo de subrayar. Así, en esos encuentros tipo "tupperware" he ido recibiendo inquietudes de diversa índole, las que me han dado un panorama primario de lo que mis posibles votantes esperan de mí. Consecuentemente he considerado oportuno redactar un breve documento que, conciliando convicciones y deseos, sirva de propuesta y plataforma electoral. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

El orden jurídico argentino sigue teniendo una fuerte raigambre liberal, amenazada hoy por la influencia que desde Venezuela sostienen los barriles de petróleo despilfarrados por Hugo Chávez en nombre del pretendido "modelo bolivariano", que tiene poco de modelo y menos de bolivariano.

Tal como hizo la dictadura cubana en el pasado a través de las guerrillas, vemos hoy al demagogo que desde la triste Caracas interviene descaradamente en los asuntos internos de los demás países. Su influencia negativa se observa con claridad en la incorporación de Venezuela al Mercosur, pues violentando las normas legales del bloque se ha desconocido la constitucionalidad vigente en el Paraguay, país en el que el Canciller venezolano intentó abiertamente un alzamiento militar contra las autoridades legítimas que destituyeron al ex Presidente Lugo. Así, por la ventana, se metió en nuestro bloque económico regional un país de economía dirigida al capricho de una persona, que además tiene por política exterior la confrontación permanente con los Estados Unidos y una amistad inaceptable con el régimen de Irán, cosas que no contribuyen para nada al entendimiento económico con el mundo y que es o era, vale decirlo, el objetivo principal del Mercosur.

Dado que el gobierno argentino le da carácter de socio estratégico a Venezuela, la ciudadanía observa con fundada preocupación y temor el rumbo de nuestra evolución jurídica. En especial por el anhelo de una "Cristina eterna" que fuera manifestado por Diana Conti y que lejos de ser desmentido se intenta lograr, reforma constitucional mediante, habilitando otra reelección presidencial más allá de los dos mandatos consecutivos que permite la normativa vigente. Esa intención cesarista, sumada a los controles sobre la economía, los cambios impulsados en materia social, el desprecio constante por el que piensa distinto, el sometimiento como única forma de entendimiento político (cuyo ejemplo más claro es el pisoteado Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli), la falsedad del relato histórico que sistemáticamente repite el kirchnerismo con afán adoctrinante y la confesión presidencial de que se va "por todo", hace evidente que la re-reelección no es el simple deseo de permanencia en el poder sino que implicaría un cambio completo de las reglas de convivencia democrática.

El odio propio de la lucha de clases alentado por el marxismo, y reivindicado hoy por el kirchnerismo, es ajeno a la tradición política del país. La movilidad social presente en toda la historia argentina, incluso bajo gobiernos conservadores, no ha dado lugar a los sentimientos generalizados de opresión y revancha que se dieron en otras partes del mundo. Las reivindicaciones obreras impulsadas a partir del peronismo nunca tuvieron carácter clasista, sino nacional; y esa es una de las razones por las que el comunismo nunca se extendió más allá de grupos minoritarios y violentos. El General Perón, con sus aciertos y errores, hizo ese gran aporte a la política argentina: impedir que el comunismo eche raíces. Cuando en el presente, funcionarios que se dicen de extracción peronista descalifican a los opositores por su pertenencia a la clase media o alta, pretenden incorporar un elemento disolvente propio de la ultraizquierda en la política argentina. Paradójico, y ridículo además, porque comenzando por la Presidente abundan los millonarios en el kirchnerismo. Ensañarse en ataques a la clase media es estancar en la pobreza y la miseria a la clase baja. Y como Venezuela bien lo demuestra, nada mejor para la demagogia que una gran cantidad de pobres que no puedan dejar de ser pobres.

Mienten sobre el pasado y el presente, porque intentan robarnos el futuro. Que el 13-S de 2012, a casi 30 años de reinstauración democrática, multitudes ciudadanas en todo el país hayan salido a la calle en defensa de la Constitución Nacional, da cuenta del principal compromiso que debemos asumir los opositores: afianzar la supremacía de la Constitución Nacional impidiendo su reforma.

La Constitución Nacional es nuestra mejor herramienta de convivencia, descuidarla avalando reformas pretendidas por un gobierno empeñado en generar odios, sería suicida.

Por otra parte, a la par que se promueve una reforma constitucional, existe un proceso de recodificación del Derecho Argentino, el cual ya se ha iniciado y se extenderá por varios años porque tanto el Código Penal como el Civil y Comercial hacen a la vida cotidiana de la sociedad y son por ende materia dinámica. Nuestro derecho venía necesitando largamente la reconstrucción de sus códigos, demasiado emparchados a lo largo del tiempo y no siempre con criterios armónicos. De hecho al abrir el Código Civil, ya en la primera página uno se encuentra con los epitafios de los artículos 4 y 5, derogados en 1968. Armonizar la legislación con buena técnica legislativa en relación a la experiencia y las expectativas de la sociedad es algo positivo y que no se agotará en la simple sanción de nuevos códigos para las distintas materias de fondo, habrá que modificar también los códigos de procedimiento. Y a todos habrá que seguir corrigiéndolos para asegurar la eficiencia del derecho en relación a nuestra mejor convivencia.

Defender la supremacía de la Constitución Nacional y acompañar el proceso de recodificación del Derecho Argentino de acuerdo a los valores de la Libertad y respetando nuestra identidad histórica como pueblo, son los lineamientos generales de mi compromiso de labor parlamentaria para el caso de acceder a una banca en el Congreso de la Nación.

COMPROMISO CON MIS VOTANTES:

Siendo liberal es bastante clara la orientación que tendrá mi voto frente a cada proyecto legislativo que deba analizar. Sin embargo siempre hay matices. Los liberales de derecha queremos una Patria de libres, con marcada movilidad social y sin privilegios. Pareciera sencillo y uno podría explicarlo diciendo "votaré como Alberdi", pero la complejidad de la problemática social y económica de nuestro país requiere evaluar cada cuestión atendiendo a la medida de lo posible. Uno quisiera una aduana de aranceles cero, pero eso sería ruinoso en un mundo de barreras arancelarias y economías subsidiadas. Entender "la medida de lo posible" no es claudicar, sino aprovechar la oportunidad de afianzar la evolución del país en un rumbo político, económico y social de mayor libertad.

Las cuestiones legislativas de los próximos años son tres: reforma constitucional, códigos de fondo, y códigos de procedimiento, mi compromiso al respecto es:

Reforma Constitucional: La Constitución Nacional, herramienta fundamental de la vida en común de los argentinos, que atesora derechos y garantías, no puede ni debe ser modificada en un contexto de enfrentamiento. Desde luego que tal como lo han previsto nuestros constituyentes, muchos aspectos de la Constitución merecerían ser revisados, pero sólo sobre la base del consenso tiene sentido avanzar en posibles reformas. Debido a la gran tentación que es para algunos presidentes perpetuarse en el cargo, el mejor momento para discutir reformas parciales de la Constitución Nacional se da durante los dos primeros años de cualquier nuevo período presidencial. Y en tal caso, una eventual reforma debería tener por eje acentuar la supremacía de la Constitución bajando el rango de los tratados internacionales que, elevados por la Reforma de 1994, son en su conjunto una maraña de normas que en realidad dificultan al ciudadano común conocer con certeza sus derechos y obligaciones. El texto constitucional, con la misma orientación que le impuso Alberdi y los Constituyentes de 1853, debe estar claramente en el vértice de la pirámide jurídica; nada a la par, todo subordinado a ella. Sus pocos -pero detallados y suficientes- artículos bastan para marcar el sentido liberal del derecho patrio dando garantías al ciudadano, y las reformas que merecen introducirse sólo deben a apuntar a la actualización del texto dando continuidad a la seguridad jurídica, que es la clave del progreso de la Nación. Mi compromiso de labor parlamentaria en materia de reforma constitucional es que sólo en las condiciones detalladas y con esa finalidad de reforma parcial, estaría dispuesto a votar por la necesidad de la reforma; proponiendo para tal caso la obligación, para la primera fuerza de la oposición de mantener, un "gabinete en las sombras" que sirviera tanto para el control permanente de los actos de gobierno como para mantener vigorosa la posibilidad de alternancia.

Códigos de fondo: Seguramente para las elecciones de 2013 estarán sancionados los nuevos Códigos, tanto el Penal como el Civil y Comercial. Habrá que ver entonces con que reformas llegan a ser ley estos proyectos para saber los posibles cambios que requieran una vez entrados en vigencia. A grandes rasgos, soy un ferviente partidario de simplificar el derecho llevándolo al menor número posible de normas, y para ello hay un principio básico del liberalismo: lo que no está prohibido está permitido. No legislar es mucha veces mejor que legislar, por lo que voy a ser muy selectivo a la hora de impulsar o apoyar cualquier proyecto.

Códigos de procedimientos: Con la sanción de nuevos códigos de fondo habrá que adecuar los de forma. Apoyaré la simplificación de los procesos en la medida que lo ágil no comprometa la verdad material en la resolución de controversias. Asimismo, y por el mismo principio de la verdad material, que debe ser entendido como una garantía de certeza en la Justicia, bregaré para que sólo por excepción una nulidad de procedimiento pueda tirar abajo toda una causa judicial. Frente a la verdad material, los errores y vicios del procedimiento deben ser subsanables por regla general, sin perjuicio de la sanción que corresponda a los responsables de esos errores y vicios. Es una cuestión ciertamente delicada, porque las garantías del debido proceso deben armonizar con el anhelo de Justicia.

Para cuestiones menores y en todas las tramitaciones no expuestas a controversia estoy de acuerdo en que cualquier ciudadano pueda optar por representarse a sí mismo sin patrocinio letrado, lo mismo que en cuestiones impositivas no verse obligado a requerir de un contador.

Luego hay otra serie de cuestiones, ya más puntuales, en las que creo conveniente sentar posición:

Imputabilidad de los menores: No apoyaré ninguna propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y así como niego que pueda haber menores irrecuperables, sostengo que lo que sí hay son ciertos padres irrecuparables, por lo que cuando un menor delinque se debe suspender la patria potestad sobre él, decidiendo el juez, tras un fundado análisis -y no en forma automática- la conveniencia o no de regresarlo a sus padres o buscarle otra autoridad para mejor resguardo de su integridad. Además, los padres deben reparar todos los daños causados por sus hijos. Para eso no se requiere ninguna nueva ley, es exigir que se aplique la normativa vigente. Hay que revisar la actuación de todos los jueces que automáticamente devuelven a sus padres los menores aprehendidos en la comisión de delitos, restituyéndolos así al mismo ambiente de vulnerabilidad que los pone en riesgo y los convierte en peligrosos para los demás.

Seguridad: Considero prioritario dar a los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad respaldo legal y político para que cumplan con sus funciones sin temor de quedar al arbitrio caprichoso de funcionarios políticos. Indigna que los policías, gendarmes o prefectos deban tener más cuidado de no lesionar ya no los derechos sino la comodidad de los delincuentes en lugar de velar por su propia seguridad y la de los ciudadanos. Conmigo habrá al menos un diputado que salga en defensa de los policías ante situaciones absurdas como la planteada por la Ministro Garré, en septiembre de 2012, al pedir sanciones para efectivos policiales por considerar trato cruel el mantener esposados y en el piso a delincuentes recién aprehendidos. El rigor propio del procedimiento policial no constituye apremios.

Por otra parte, sostengo que no hay política de seguridad viable si no existe un sistema carcelario eficiente. Si el Estado no logra controlar a los delincuentes que están privados de su libertad, mucho menos podrá controlar la situación en las calles.

Aborto: Sin ser abortista estoy a favor de la despenalización del aborto. No veo como puedo imponerle a una mujer continuar un embarazo que no desea. Lo que debe tenerse en claro es que el aborto es una salida traumática, y que existe hipocresía tanto en el discurso antiabortista como entre los abortistas. El aborto no es ninguna panacea, pero no es la prohibición, sino la mejor educación para una sexualidad responsable el mejor camino para reducir la práctica del aborto a su mínima expresión.

Despenalización del consumo de drogas: Sencillamente no avalaré ninguna iniciativa en ese sentido. La despenalización del consumo de drogas es un verdadero despropósito. Del mismo modo que el amor a la Libertad hace inaceptable la esclavitud, tanto en sus formas de antaño como en las distintas versiones actuales de la trata de personas, promover la alienación que hace a los adictos esclavos de los traficantes de drogas es lisa y llanamente criminal. La fragilidad social de la República Argentina dejaría totalmente expuestos a los sectores más empobrecidos, los mismos que ya hoy son víctimas del paco y el desinterés general. Si se reconoce el derecho de consumir drogas, debería reconocerse también el derecho de adquirirlas, con lo cual el productor, distribuidor y traficante de drogas quedaría legitimado para satisfacer la demanda de consumo. No es necesario poner a los adictos en la cárcel, se los puede penar con multa y trabajos comunitarios. La recuperación de los adictos siempre es difícil, pero en un contexto de consumo liberado sería imposible, y además no tendría sentido permitir sustancias adictivas para reclamar después inversiones por parte del Estado en terapias de desintoxicación.

Religión: La Constitución Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Hay quienes, desde distintas posiciones políticas, tanto liberales como socialistas, consideran que ya es tiempo de separar la Iglesia del Estado, lo que requiere reformar la Constitución, y mientras tanto apuntan a debilitarla en medios e influencia. Aún siendo ateo no comparto esa postura. La Iglesia Católica ha contribuido al desarrollo de la Nación: ha sido la religión de nuestros primeros patriotas, es la fe que profesa la mayoría de los argentinos, acompañó a nuestros soldados en todas las guerras, sus colegios son una herramienta importante para la educación y su aporte a la cultura es innegable. Sus valores morales, como los de otros credos, son una referencia que debe ser tenida en cuenta a la hora de legislar, sin que ello implique apegarse siempre a sus preceptos.

Transparencia: Es propio de la oposición controlar los actos de gobierno, en tal sentido considero vital bregar por el sinceramiento de las estadísticas sociales y económicas. En tal sentido buscaré colaborar con otros diputados opositores.

Ética de las profesiones universitarias: Como proyecto propio, bregaré para colocar el control de las matrículas profesionales y la vigilancia de la ética en el desempeño profesional de los graduados universitarios en manos de las facultades que expiden los respectivos títulos habilitantes. Ello implica la derogación de la Ley 23.187 que dio creación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de toda otra disposición legal de las que rigen sobre las distintas profesiones. De ese modo los graduados contribuirán al sostenimiento de las Facultades en que estudiaron, y pudiendo ejercer en todo el país con una sola matrícula no estarán a merced de cotos corporativos.

Quórum: Soy partidario de discutir los proyectos de ley en el recinto y atenerse a la votación, pero en situaciones excepcionales un diputado de una minoría parlamentaria (lo que en principio sería mi caso) debe hacer valer la fuerza de sus votantes no dando quórum. No daría quórum si con ello evito una reforma constitucional que ponga en riesgo los principios republicanos y la orientación liberal, porque hacerlo sería atentar contra la democracia.


Cuando el país es un cirKo, el más serio lleva nariz de payaso.




Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.
www.plumaderecha.blogspot.com
Estado Libre Asociado de Vicente López







Ariel Corbat

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