EL MARCO LEGAL DE LA INTELIGENCIA
por Ariel Corbat, Agente de la Secretaría de Inteligencia entre 1988 y 2012.
A lo largo del 2015 la actividad de Inteligencia ha evidenciado un inusual protagonismo político y mediático en Argentina. A efectos de analizar el alcance de las modificaciones en la normativa legal que rige dicha actividad, es preciso clarificar determinados conceptos y trazar una cronología.
La discreción y el secreto, que desde siempre forman parte esencial del accionar de los servicios de Inteligencia, naturalmente atraen la imaginación colectiva generando en cualquier sociedad una serie de equívocos, fantasías y mitos sobre el desempeño de sus "espías". Mucho más en países como Argentina, donde cualquier cuestión puede convertirse en una novela de misterio a ojos de la opinión pública y de la inoperancia judicial.
La Inteligencia, como actividad, es inherente al razonamiento humano. Todos, para desenvolvernos cotidianamente, colectamos información y la analizamos intentando prever el futuro a efectos de tomar decisiones. Muy básicamente, en eso consiste la actividad de inteligencia. Lógicamente, dependiendo de quien sea el "cliente", decisor empresarial o estatal que requiere el auxilio de la Inteligencia, será distinta la complejidad con que la actividad habrá de llevarse a cabo.
Poco antes de iniciarse lo que el kirchnerismo pretende instalar como "la década ganada", el Licenciado Miguel Ángel Toma, entonces Secretario de Inteligencia y acaso (hermosa palabra la palabra "acaso") el mejor preparado de todos los que ostentaron ese cargo desde 1983 a la fecha, disertando el 7 de Abril de 2003 en la Escuela Nacional de Inteligencia explicó que tras el advenimiento de la democracia se trazó una política de Estado que, en reemplazo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, se materializó a través de tres instrumentos; la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554, promulgada el 26ABR1988), la Ley de Seguridad Interior (Ley 24.059 promulgada el 06ENE1992) y la Ley de Inteligencia (Ley 25.520 promulgada el 03DIC2001, también conocida como "Ley Toma").
Las tres leyes, debatidas y sancionadas bajo la vigencia de la Constitución Nacional, alumbraron un Sistema Nacional de Inteligencia que, por un lado, incluía la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar de la Ley de Defensa, y por otro la Dirección de Inteligencia Criminal de la Ley de Seguridad Interior, quedando armonizada su operatividad sistémica bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia.
Sobre ese novedoso marco normativo supo decir Toma: "Todos sabemos que las leyes no necesariamente cambian conductas sino a través de su aplicación sistemática y con la voluntad política que implica tomar la decisión de ejecutar lo que la ley dice. Sólo ello cambia las conductas y genera nuevas formas de cultura dentro del funcionamiento de las organizaciones del Estado" (Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia, Volumen I, Número I. Segunda Época. Año 2003, pag. 8.)
Así, brevemente trazado, tenemos entonces el panorama que en materia de legislación de Inteligencia encontró Néstor Kirchner cuando asumió la Presidencia de la Nación el 25 de Mayo de 2003; sobra evidencia para afirmar que como Presidente jamás tuvo intención alguna de llevar adelante los propósitos de la ley. Por el contrario, lejos de seguir la evolución trazada por la corriente democrática erosionó el espíritu de la ley. No era posible que hiciera otra cosa dada la combinación de ideología para la tribuna y corrupción estructural de su proyecto totalitario. Al fin de cuentas, el dueño de la verdad no necesita un servicio de inteligencia que lo asesore, por eso anquilosó el sistema confiando en burócratas dispuestos a conservar su cargo a cualquier precio. Y el precio fue tanto apuntalar la verdad revelada como hacer mandados, servicios para todo servicio menos el servicio que debían prestar.
Desde luego aquella degradación profesional no disminuyó con la llegada a la Presidencia de Cristina Fernández. Más aún, se profundizó y con la muerte de Néstor Kirchner llegó a ser del todo desprolija. El mamarracho era muy grande como para permanecer encapsulado en la comunidad de Inteligencia. Se sabía que la Secretaría de Inteligencia era el escenario de una interna entre aspirantes a Hoover, con ambiciones de emular lo peor de Hoover. Y en uno de los tantos colmos de la indiscreción, tratando de ganar el favor presidencial a fuerza de mandados, la escandalosa corrupción del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, bajo administración de Sergio Schocklender, exhibió a Fernando Pocino en un lugar difícil de explicar: junto al jefe de seguridad de Hebe de Bonafini (La Nación 24JUL2011. "Registran junto a las madres a un jefe de Inteligencia" por Carlos Pagni).
El 19 de Diciembre de 2014 Jaime Stiuso quedó fuera de la SI, pero no bastando con ello para aplacar el escándalo, el 26 de Enero de 2015 Cristina Fernández dando un discurso por cadena nacional anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Allí, al informar que se enviaría al Congreso un proyecto para crear en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), incluyó esta frase, auténtica joya del cinismo político: "es una deuda que teníamos pendiente con la democracia". Con ese desparpajo hipócrita, el mismo con el que fingió descubrir que Jaime Stiuso era poco menos que la encarnación del mal, Cristina Fernández pretendió descargar en la democracia la intransferible responsabilidad del kirchnerismo en el desmanejo del Sistema Nacional de Inteligencia durante tres períodos presidenciales. Incluyendo los dos suyos.
El 03 de Marzo del 2015 fue promulgada la Ley de Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (Ley 27.126). Los cambios dignos de mención son pocos, sobresalen la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales a la Procuración General de la Nación del Ministerio Público y el acuerdo del Senado para designar Director y Subdirector de la AFI. Ninguna de las dos cosas reviste mayor relevancia, una corriente de opinión profesional dentro de la comunidad de Inteligencia bregaba hace mucho por desprenderse de las escuchas judiciales; aunque no para que se transfieran a la Procuración sino para que dependan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La ley en sí no es más que una pantalla cínica para cubrir la inoperancia de "la década ganada" en materia de Inteligencia. Si el contexto institucional estuviera signado por la racionalidad que implica la supremacía de la Constitución Nacional, en lugar del facto prepotente de la voluntad presidencial, hasta podría pasar por buena. Es decir, la norma en sí no sería un obstáculo para poder desarrollar satisfactoriamente las actividades de Inteligencia que requiere la República. El problema radica en la ausencia de República y la evidente mala fe del kirchnerismo que, el 07 de Julio del 2015, completa el maquillaje institucional con la publicación del Decreto 1311/2015 "Nueva doctrina de inteligencia nacional".
Ninguna norma jurídica individual se define por sí misma, aisladamente, sino que siempre en su entendimiento y aplicación gravita el peso concreto de todo el ordenamiento jurídico en sus dimensiones formales y materiales. En el contexto de un país dañado institucionalmente, degradado en lo cultural y que da muestras de deterioro intelectual, donde la letra de la Constitución Nacional es una mera referencia frente a la Constitución Real que dicta la voluntad presidencial, el Decreto 1311/2015 debe ser analizado apuntando a desentrañar su espíritu para comprender las finalidades perseguidas con su dictado.
Y ya en sus considerandos reza textualmente: "Que el nuevo concepto de inteligencia nacional deriva de una visión integral de la misma: la inteligencia nacional es la actividad institucional que se inscribe dentro del marco del Estado constitucional social y democrático de derecho y que apunta a dar cuenta de los desafíos, coacciones y conflictos que ponen en riesgo la defensa y la seguridad democráticas de nuestro pueblo".
Lo llamativo es que en ningún lugar la Ley de Creación de la AFI hace mención al "Estado constitucional social y democrático de derecho", que el Decreto cita como marco jurídico al que se atiene; terminología que tampoco se encuentra en la Constitución Nacional. Y más preocupante, resulta ser que, como bien advierte Jorge Mones Ruíz, esa expresión aparece tomada del Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político".
Es decir que la pretendida Doctrina de Inteligencia Nacional tiene una marcada inspiración chavista, explicitada al punto de colocarse bajo terminología jurídica ajena a la Constitución de la Nación Argentina.
Esta doctrina, en este contexto de país vulnerado por el autoritarismo, sugiere que la pretensión del régimen kirchnerista es emular con los servicios de la Agencia Federal de Inteligencia el rol del venezolano Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entre cuyos "méritos" destaca haber arrestado a dirigentes políticos opositores como Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas y acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Es alarmante lo que, más allá del texto de la norma, pueda entender por "Inteligencia Nacional" el gobierno kirchnerista, cuyo desprecio por la Constitución Nacional se evidenció en la creación de facto del Ministerio de Cultura a través de un inconstitucional Decreto de pretendida necesidad e inexistente urgencia, y el consecuente surgimiento, en esa área, de un oscuro puesto burocrático de rancio tinte orwelliano, la "Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional" a cargo del filósofo oficial Ricardo Forster.
Un régimen así, que sistemáticamente ataca la supremacía de la Constitución Nacional, al extremo de aludir a la Constitución de otro país como marco jurídico ¿qué puede entender por "atentados contra el orden constitucional y la vida democrática"?, el mismo gobierno que tuvo por funcionario a un patotero como Guillermo Moreno, que hizo del apriete una política oficial, ¿qué puede entender por "acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, 'golpes de mercado', etc."?
El riesgo cierto es que desde la irracionalidad totalitaria, ante cada fracaso de las políticas gubernamentales, se atornillen más los controles sobre la sociedad o la economía, que en lugar de advertirse que el problema es la falta de libertades, se crea, como creen los marxistas, que los controles han fallado por no ser lo suficientemente rigurosos. Ahí está Venezuela, para demostrar la "lógica" de Stalin en cada huella digital registrada en compras de supermercado como respuesta frente a la escasez.
El instrumento es peligroso, no por sí, sino por estar en manos de un gobierno que lleva adelante un proyecto totalitario. Algunos repiten, equivocadamente, que está prohibido hacer inteligencia interior. Un disparate. Nunca existió tal prohibición, que además ante la realidad de un mundo altamente intercomunicado resultaría inviable materialmente. Lo único que por ley se impuso son algunas limitaciones para la actividad; protocolos de actuación, podríamos decir, que debidamente aplicados alcanzan para despejar cualquier limitación legal.
Porque otra cosa que debe saberse, y tenerse en claro, es que los Servicios de Inteligencia actúan siempre en un contexto legal y son un soporte del orden jurídico, lo que no obsta a que siendo eficientes puedan a veces burlarlo y sortear cualquier obstáculo para cumplir con su misión. En rigor de verdad, en la letra chica del espíritu de cualquier doctrina de Inteligencia, es un sobreentendido tácito que la ley no es el límite final. Toda sociedad espera contar con saber que sus servicios harán lo necesario para velar por su tranquilidad. Allí donde las conciencias se despojan de la hipocresía, hasta el más legalista quiere tener la seguridad de no tener que enterarse nunca. Las muchas amenazas de un mundo que evoluciona más rápido que cualquier previsión así lo exige. Es un "arte", más que una ciencia, donde los fracasos se hacen públicos y los éxitos se guardan en el anonimato. El límite nunca es la ley, es el secreto, la discreción de un negocio necesariamente sucio y que, por eso mismo, sólo debe estar en manos caballerosas.
No es bueno que el espionaje (usada la expresión en forma coloquial, pues espiar no es más que una pequeña parte de la Inteligencia y ni siquiera la más relevante) sea noticia. Mucho menos noticia permanente. El problema aquí es determinar qué orden jurídico van a contribuir a sostener los agentes de la AFI (horrible nombre por cierto): si el de la Constitución de la Nación Argentina o alguna versión del delirio bolivariano.
Esa como tantas incógnitas similares tocará despejarla al próximo gobierno, que esperemos sea de cambio y no de continuidad.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.
J. Santiago Tamagnone (h)
Abogado (UBA)
