En tanto abogado, liberal y militante del Partido FE, mantengo un
compromiso de honestidad intelectual que no quiero ni debo acomodar a
las circunstancias en nombre de la (siempre mal entendida) "corrección
política". Desprecio profundamente
la cobardía de los que por no vivir como piensan terminan pensando como
se vive, y no estoy en política para ser más de lo mismo.
Entonces digo, una vez más, que la República Argentina vive en estado de permanente déficit institucional,
y en buena parte ello ocurre -necesario es repetirlo- por la falta de
compromiso de la generalidad de los abogados con la Constitución
Nacional. Tal cosa queda en evidencia por la existencia de un régimen
autoritario de matriculación
obligatoria y múltiple que, desconociendo el carácter nacional del
título de Abogado, circunscribe su validez a cotos corporativos, cuya
máxima expresión es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
(CPACF), creado por la inconstitucional Ley 23.187 y actualmente presidido por el Dr. Jorge Rizzo.
En los autos caratulados "Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, Ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13), la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la Ley 26.855, y del decreto 577/13, dejando sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico.
Si bien la CSJN pone límite a la pretensión hegemónica del kirchnerismo, juzgo necesario aclarar que más allá de su loable contenido la carátula encierra un presente griego. El deterioro institucional que vive la Argentina es de tal magnitud, que el cuerpo agónico de la República percibe como alivio que entre las hienas que muerden la gangrena una de las menores desplace a la mayor conservando su hueso.
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| El CPACF y su forma de "defender" la Constitución Nacional. |
La existencia del CPACF, en los inconstitucionales términos de la Ley 23.187, es una lacra afectando la ética, la dignidad y la libertad de la práctica de la abogacía en la República Argentina. Que el Dr. Jorge Rizzo, como apoderado de la facción corporativista que bajo el irónico nombre de "Gente de Derecho" gobierna el CPACF, haya sido el actor encaratulado en el fallo de la CSJN, no debe inducir al engaño de suponerlo defensor de la Constitución Nacional. Esto ha sido simplemente un hecho circunstancial, oportunista y parcial, sólo promovido para defender intereses menores; la realidad es que, todos los días, el sistema de matriculación obligatoria y múltiple pisotea la Constitución Nacional con Rizzo a la cabeza. El mismo Rizzo que, por cierto, no se atrevió a debatir conmigo sobre los beneficios y perjuicios de la colegiación obligatoria.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asociado de Vicente López
