Desde que antes de ser electo presidente Javier Milei dijo: "La casta tiene miedo" y la corrupta condenada por defraudación al Estado Cristina Fernández le salió al cruce fuera de sí gritando: "¿miedo de qué?", tuvimos claro que efectivamente la casta tenía miedo.
Un miedo generalizado sin un punto específico, que se dispersaba en miedos varios, sectoriales, por el terror de la runfla a perder privilegios mal habidos, prebendas, curros, negociados, uso faccioso de los recursos del Estado que habían repartido y colonizado, en fin: todo aquello que hacía y hace al entramado del proyecto totalitario de corrupción estructural del kirchnerismo. Pero no aparecía, más allá de la disruptiva figura de Milei un punto concreto en el que todo ese miedo se fundara. Eran así muchos miedos distintos.
Y en los actos de la campaña electoral, entre los militantes de la fórmula Milei / Villarruel brotaba con frescura de esperanza el canto a coro de esa certeza que se repetía como un mantra: "Tiene miedo, la casta tiene miedo, ¡la casta tiene miedo!".
Cuando todavía no se ha cumplido un año de la presidencia de Javier Milei, evaluar su gestión resulta complejo y tal vez prematuro. Su gobierno tiene varios condicionantes, el primero desde luego es la magnitud del desastre dejado por 20 años del infame régimen K, algo que previsiblemente iba a ser difícil de encarrilar desde la desprolijidad inevitable en la formación de todo nuevo armado político, que se observaba claramente durante la campaña y que por supuesto se manifiesta también en estos primeros meses de gobierno. La necesidad de acordar con el sector de Juntos por el Cambio liderado por Patricia Bullrich para poder ganar el balotaje añadió nuevos elementos disonantes con la prédica de una campaña electoral que había sido, por torpeza de muchos, caracterizada por una agresividad tan excesiva como innecesaria. El pacto incorporando al gobierno referentes de JxC es otro condicionante a la gestión y la identidad del oficialismo. Identidad que todavía es una arcilla blanda y que ya no será aquella pretensión surgida de saber que no se puede hacer un país distinto con los mismos de siempre. Ya hay mucho de siempre metido adentro. Porque la política, como supo observar el pragmatismo y Perón repetía: "es el arte de lo posible". Necio e inconducente sería no aceptarlo.
Siendo un liberal que no habla de economía no voy a opinar sobre cuestiones económicas, más allá de saber que por ahí pasan las principales preocupaciones del Presidente Milei y de la población. Al margen de la economía, uno de los puntos fuertes del gobierno en la consideración de sus votantes es lo avanzado en la batalla cultural. Que se haya desmantelado en poco tiempo buena parte del "curro de los derechos humanos" y puesto fin al discurso de odio que fogoneaba el régimen, resulta gratificante para muchos de los que votamos por este cambio. En especial para aquellos que hace años batallamos, con una gran modestia de medios, contra la subversión cultural que sobre la mentira de los 30.000 desaparecidos se consolidaba en el relato kirchnerista que al mejor estilo de la novela de George Orwell "1984", falsea el pasado para robarnos el futuro.
En este contexto político, donde por imperio de las circunstancias no hay lugar para vacilaciones, el miedo de la casta por fin quedó evidenciado en una cuestión central, desenmascarando la cual cae todo el relato y la estructura armada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández para estafar al país.
La casta tiene miedo que la ciudadanía cobre conciencia activa respecto a que los juicios que siguieron a la inconstitucionalidad anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hicieron del Poder Judicial un Poder Prevaricador que entregó el país al saqueo de la corrupción kirchnerista. Jueces y políticos son cómplices de esa sistematizada aberración jurídica. Ese miedo no es otro miedo, es el más puro miedo de la casta. Y la batalla cultural para recuperar la República bajo la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional, insoslayablemente, debe centrarse en denunciar el prevaricato y liberar a los civiles y militares presos por la negación de justicia que significa negarles los derechos que la Constitución Nacional reconoce, desde la irretroactividad de la ley penal hasta las garantías del debido proceso.
Mal que le pese a los simpatizantes de las organizaciones terroristas Montoneros y ERP, como a los que lucran miserablemente a expensas de su sangre, los derechos humanos también son validos para los agentes del Estado Argentino que vencieron a esos esbirros de la dictadura castrista y traidores a la Patria del primero al último.
Se percibe, está en el latir de la vida institucional y política de la Argentina, que el fin del prevaricato es inevitable. Ocurre que no se puede mentir a todos todo el tiempo y mucho menos a obligar a que todos acepten repetir como un dogma indiscutible una mentira descubierta. Los jueces federales, tal vez con alguna excepción que no conozco, son una vergüenza nacional, han interpretado la Constitución Nacional como una veleta que apunta para donde sopla el interés político. El hartazgo por sus conductas indeseables, desleales al juramento de hacer cumplir la Constitución Nacional a vuelto obscenamente claro que ningún país con mayoría de jueces honorables alcanza el grado de daño institucional, degradación cultural y miseria intelectual en el que se empantanó de pasado la Nación Argentina, olvidando sus valores, poniendo en duda su identidad y casi abandonando su voluntad de ser y prevalecer. Porque el régimen kirchnerista dejó al gobierno que encabeza el Presidente Milei un país al borde de la disolución y fue con la complicidad "tiempista" de esos jueces.
Así es como llegamos a un hecho que pudo pasar desapercibido, bajo el silencio que mejor convenía a la preservación del prevaricato en las farsas de juicios, pero que el temor, el más grande miedo de la casta política, percibe como la real amenaza a su poder y privilegios.
El 11 de Julio, los diputados de La Libertad Avanza Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo, visitaron en el Penal de Ezeiza a algunos de los hombres que se encuentran privados de su libertad por causa del más alevoso prevaricato de la historia judicial argentina. No hace mucho yo también estuve en Ezeiza visitando al Capitán Alfredo Astiz (ver nota) y otros presos políticos que bien pueden considerarse prisioneros de guerra, oportunidad en la que pude apreciar la grande y alta dignidad con que sobrellevan la injusticia que padecen.
La visita de los cinco diputados de LLA, que trascendió como consecuencia de una maniobra que intentó la diputada Rocio Bonacci en perjuicio de sus compañeros de banca, filtrando la información presentándose ella misma como una ingenua que se enteró en Ezeiza quienes estaban presos en Ezeiza, terminó siendo un misilazo bajo la línea de flotación de la casta política. El miedo de la casta a esos cinco diputados se expandió con la misma velocidad con que vuelan los pedazos de un navío cuando explota la Santa Bárbara.
Y el miedo de la casta se convirtió en pánico, obligándolos el sudor frío del espinazo a reaccionar histéricamente, para mostrar tanto políticos como funcionarios judiciales (me cuesta llamarlos jueces) es que además de ser cómplices en ese atentado sistemático contra la Constitución Nacional, no tienen ningún prurito en salir abiertamente a exhibir su desprecio por las normas constitucionales.
Claman que la democracia y que los derechos humanos, pero a esta altura de la historia está probado que son puro cinismo. Lo que es una afrenta a la democracia y al orden constitucional es el escandaloso prevaricato en esas farsas de juicios por las que se los mantiene encarcelados, aunque hayan sido jóvenes subalternos, mientras terroristas como Mario Firmenich, jefe de la organización terrorista Montoneros, gozan de libertad para asesorar dictaduras.
Y no hubo genocidio. El genocidio lo planeaba Santucho calculando que era neceesario matar un millón de argentinos para imponer el "socialismo". Ese genocidio estilo camboyano lo impidieron los militares, los mismos militares a los que los que lamentan la derrota de Montoneros y ERP llaman "genocidas".
Las bancadas de izquierda, comenzando por el kirchnerismo, salieron a manifestar que harían uso del Art. 66 de la Constitución Nacional intentando desplazar de sus bancas a los cinco diputados de LLA argumentando inhabilidad moral. El problema para la casta es que no hay manera decente de aplicar al caso el Art. 66, porque al interesarse por la situación de los prisioneros los diputados de La Libertad Avanza están cumpliendo cabalmente con una parte de sus funciones y atribuciones que consiste en velar por el buen desenvolvimiento del Poder Judicial, Debe recordarse, cosa que tal vez olvidaron los diputados cómplices del prevaricato, que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante la Cámara de Senadores a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones. Razón por la cual, en la búsqueda de elementos que permitan confirmar que estamos ante el más escandaloso prevaricato de la historia judicial argentina, los cinco diputados de LLA no solamente obran conforme a derecho, sino también con una habilidad moral y ética que no exhiben sus detractores. El coraje cívico se demuestra en tener el valor de plantarse frente a la corriente y enfrentar el aluvión de mentiras a lo Sarmiento: con los puños llenos de verdades.
Y si la política entró en pánico, aumentado los espasmos con que se retuercen kirchneristas, otros zurdos y progres porque los kioscos con los que parasitaban al Estado se les van cayendo, como el desvío de fondos a través de la Universidad de las madres de los terroristas, no menos histérica y nerviosa fue la reacción de los jueces.
A riesgo de ser redundante lo diré de esta manera: La complicidad de jueces y políticos en el prevaricato de juicios contra militares usados de cortina de humo para la corrupción kirchnerista, se deja ver con desesperación a través de los "jueces" Alejandro Slokar (un militante de izquierda) y Daniel Obligado; quienes desconociendo de manera inaudita la independencia del Poder Legislativo exigen (contra toda lógica jurídica y principio democrático) que el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich investigue y aporte información sobre actividades lícitas de diputados nacionales.
Esa gravísima interferencia judicial sobre la independencia de los poderes pretende ocultar la existencia del prevaricato y muestra que, cebados en la impunidad, los jueces del prevaricato sistematizado se creen por encima de la Constitución Nacional.
Merecen ser destituidos, por sedición.
Y porque no es admisibles que los jueces ignoren el Derecho.
Por si alguien no entiende la gravedad de lo que está pasando: un juez (Poder Judicial) ha reclamado al Ministerio de Seguridad (Poder Ejecutivo) que realice averiguaciones sobre las motivaciones de diputados nacionales (Poder Legislativo).
¡Jueces que desconocen la Constitución! Jueces que encarcelan militares ignorando perversa y sistemáticamente los derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a todos, todos, los habitantes de la Nación Argentina. Se es democrático en los valores de la Constitución Nacional al sostener que los derechos y garantías que consagra rigen tanto para los que nos agradan como para los que no.
Por ende, no son democráticos, ni honorables, ni mínimamente decentes, los jueces y políticos que niegan derechos constitucionales a los militares presos. Como si esos jueces y políticos, la casta, pudieran decidir quien es son humanos y quienes no. Pueden narrar largamente los abogados defensores de esos militares las arbitrariedades y abusos que hicieron de la imparcialidad de los magistrados una utopía.
Otro capítulo del miedo de la casta son los tibios del oficialismo, que tanto desde LLA como desde el PRO, parecen haber olvidado ya que una de las causas del fracaso de la Presidencia de Mauricio Macri fue el esfuerzo que hicieron sus progres, con María Eugenia Vidal a la cabeza por evitar la batalla cultural y cuidar la mentira de los 30.000 desaparecidos que sirve de piedra basal al relato kirchnerista.
De varias formas en distintas declaraciones se aprecia la pusilánime adhesión a la corrección política tal como la concibe el kirchnerismo. Eso hace obligado retrucar que no es "agenda personal" de los diputados el interesarse por analizar y exponer la existencia del prevaricato, hace a su deber como representantes del pueblo votados por muchos que creemos que esos juicios son farsas.
Y le recuerdo, a ese montón de tibios, que durante la campaña electoral, Patricia Bullrich siendo candidata presidencial por JxC prometió a los militares “salida justa” al trato “inequitativo y en ocasiones inhumano” que reciben a consecuencia de los juicios del prevaricato.
No es sólo pues un tema de diputados de LLA. Allí está documentado el compromiso firmado por Patricia Bullrich. Documento que demuestra que estamos ante una auténtica cuestión de Estado, un tema abierto y a resolver, que no es patrimonio de un único espacio político. La cuestión está planteada y no van a poder silenciarla.
Banquemos pues a los diputados nacionales de LLA Araujo, Montenegro, Arrieta, Ferreyra y Benedit, que fueron a Ezeiza a interesarse por los prisioneros del mayor prevaricato de la historia judicial argentina.
No bancarlos es la cobardía que da boleto de retorno al kirchnerismo.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
