lunes, 26 de septiembre de 2022

CRÍTICA AL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL ANTINARCOTRÁFICO (AFA)

 

Sobre políticos que venden humo:

 

 

Prevengo a los lectores que este artículo es bastante más largo que los resúmenes de Rincón del Vago que nutren de conocimiento (o algo parecido) al diputado Gerardo Milman.

 

Lo redacté a partir del incidente en el que el diputado José Luis Espert se negó a responder mi pregunta sobre el motivo por el cual su firma aparece avalando el proyecto de Juntos por el Cambio (leer: TODO MAL CON ESPERT).

 

Dudo pues que Milman lea el artículo, por ser muy extenso. Y también dudo que lo lea Espert, porque los soberbios iluminados que no aceptan explicarse ante sus votantes son al fin de cuentas otra variante de Lipovetzky que firman su ignorancia.

 

Tampoco creo que lo vaya a leer María Eugenia Vidal, porque si gobernando la Provincia de Buenos Aires mandó hacer ley el proyecto del kirchnerismo para hacer obligatoria la mentira de los 30.000 desaparecidos, seguro estará contenta de darle otra caja al kirchnerismo.

 

Sí, tengo claro que este artículo no tendrá muchos lectores. Pero quien lo lea, coincida o no con mi planteo, tendrá elementos para comprender y analizar algunas cuestiones que hacen a la Seguridad Interior.

 

INDICE:

1)   Introducción.

2)   El proyecto.

3)   Los fundamentos.

4)   Los firmantes.

5)   Cuestionamientos al proyecto.

a)   ¿Con qué necesidad?

b)   El principal problema de la Seguridad es político.

c)    Modificar lo que se desconoce.

d)   Idiosincrasia y diseño institucional de las fuerzas.

e)   Sobre arranques oportunistas.

f)      Otra caja para el kirchnerismo.

g)   El proyecto subestima a la Policía Federal Argentina.

h)   La voluntad de lo racional.

6)   Conclusión.

 

1.- INTRODUCCIÓN

 

A mitad de año el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley para la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico.

 

El citado proyecto es cuestionable por diversas razones que, en su conjunto, ratifican lo distanciada que está la política de asumir su responsabilidad y entender la realidad del país.

 

2.- EL PROYECTO

 

Sintetizando los 23 artículos del proyecto presentado, se propone crear en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación la Agencia Federal Antinarcotráfico (AFA), una nueva fuerza de seguridad a la que se atribuyen funciones de prevención, represión e investigación relacionadas con los delitos contemplados en la Ley 23.737 (narcotráfico).

 

A tal efecto se dispone que el Poder Ejecutivo Nacional establecerá la composición, estructura, dimensión, organización operacional y despliegue de la Agencia, siendo además potestad del Presidente nombrar a su Director Nacional, reservando al ministro de Seguridad la facultad de designar y remover al personal de la Agencia.   

 

Se confiere a la Agencia Federal Antinarcotráfico la capacidad de cooperación interagencial, (nacional e internacional) siendo den el ámbito interno obligación de las otras fuerzas del Sistema de Seguridad Interior informar en forma inmediata a la Agencia toda novedad (actividad, evento o circunstancia) relacionada con el narcotráfico a efectos de su intervención.

 

Teniendo por ámbito de actuación todo el territorio nacional, se faculta a la AFA a requerir información y establecer el plazo de respuesta de cualquier organismo público, como así también a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

 

En materia de Inteligencia, la Agencia Federal Antinarcotráfico, como parte integrante del Subsistema de Inteligencia Criminal, queda facultada para “contribuir a la elaboración de Inteligencia Criminal en función de los planes que elabore la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, requerir informes a la misma y participar en la producción de Inteligencia Nacional de acuerdo a los requerimientos que se originen en el Sistema Nacional de Inteligencia a través de la mencionada Dirección”.

 

Téngase presente lo arriba entrecomillado, transcripción del Art. 10. Inc. 3 del texto, porque es un punto de crítica importante como veremos luego en función de los fundamentos del proyecto.

 

Para el control de la Agencia Federal Antinarcotráfico se crea una comisión bicameral en el Congreso de la Nación.

 

3.- LOS FUNDAMENTOS

 

Atendiendo a lo sustancial de los fundamentos, entre mucha obviedad consabida sobre los riesgos y daños que provoca el narcotráfico, se puede apreciar que los firmantes del proyecto suponen lo siguiente:

 

1.    Que la Policía Federal Argentina es “una policía de orden federal y general en su competencia que se contrapone de algún modo en su esfera de actuación a las policías de Provincia”.

 

2.    Que existe la necesidad de generar un ámbito federal en el campo de la seguridad interior y por ende conducido por el gobierno nacional que sea altamente profesionalizado y se ocupe de modo centralizado de la prevención, respuesta, represión e investigación integral de los delitos complejos ligados al narcotráfico.

 

3.    Que “La necesidad de establecer políticas públicas de combate cierto, integral y eficaz contra el delito del Narcotráfico y sus variantes más complejas y gravosas ha sido tanto bandera discursiva como a su vez motivo de un planeamiento, planificación y acción acordes y consecuentes, brindando respuesta tenaz y efectiva desde el Estado durante la administración gubernativa 2015-2019”.

 

4.    Que el caso de Rosario “supone un estado de cosas altamente preocupante” que merece respuestas apropiadas.

 

5.    Que la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico supondría dotar a la Nación de un instrumento, como fuerza policial de carácter nacional y específico, para obrar como “resorte estatal estratégico que adopte un desarrollo y despliegue propio pero siempre controlado (gobierno civil de la seguridad pública), más allá de contingencias político partidarias, en tanto la lucha contra el narcotráfico debe ser una verdadera política de Estado”.

 

6.    Que se han tomado en cuenta experiencias nacionales como la creación de la Fuerza Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba, y extranjeras como la DEA.

 

 

4.- LOS FIRMANTES

 

Firman el proyecto estos 15 diputados: Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Mario Negri, Juan López, Rodrigo De Loredo, Ramiro Gutiérrez, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Carolina Píparo, María Eugenia Vidal, Federico Angelini, María Luján Rey y Waldo Wolff.

 

5.- CUESTIONAMIENTOS AL PROYECTO

 

a)   ¿CON QUÉ NECESIDAD?

 

La primera pregunta que cabe formular y responder frente al proyecto es: ¿cuándo debe crearse una nueva fuerza de seguridad?

 

En principio esa alternativa resulta lógica cuando surge una amenaza nueva que por lo inédita supera la capacidad de respuesta del sistema de seguridad vigente. No es el caso, porque el narcotráfico no es nada nuevo. Y como expondré seguidamente no es el sistema el que no responde en modo eficiente, sino que es la política degradada a politiquería la que impide al sistema actuar con su mejor empeño.

 

Otra justificación para la creación de una nueva agencia sería que, habiéndose hecho todos los esfuerzos para alcanzar y sostener el buen funcionamiento del sistema existente, se pueda concluir que el sistema es entera o parcialmente obsoleto, irremediablemente corrupto o notoriamente insuficiente por diseño o capacidad. Tampoco es el caso, el sistema no es obsoleto, ni irremediablemente corrupto ni notoriamente insuficiente por sí. Y de ninguna manera se han hecho todos los esfuerzos posibles, ni siquiera los básicos, para que funcione correctamente.

 

b)   EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD ES POLÍTICO

 

Alguna vez me preguntó José Manuel De la Sota si el principal problema de la Seguridad Interior era el narcotráfico y le respondí que no, que el crecimiento del narcotráfico es apenas otra consecuencia del verdadero problema: el constante ataque a la Constitución Nacional por parte de la dirigencia política que permite, entre otros muchos males, que encuentre el narco, así como otras organizaciones criminales, condiciones institucionales y culturales que favorecen su afirmación y crecimiento.


 

Hay pues, en el intento de “crear” algo nuevo, la notoria elusión de responsabilidad por parte de la dirigencia política. Otro engaño de círculo vicioso como el de reformar la Constitución Nacional argumentando que debía actualizarse en 1994, no cumplirla luego y pretender volver a reformarla en el presente como si la falla estuviera en el texto y no en la voluntad de quienes deben cumplirla pero que no cumplen ni sus propias reformas. Así, por ejemplo, lleva más de una década inutilizado por acefalia el órgano constitucional Defensor del Pueblo de la Nación.

 

Como nota de contexto, es insoslayable remarcar que si bien los incumplimientos constitucionales abarcan a todo el espectro político, con mínimas excepciones, el kirchnerismo exhibe la desvergonzada intención de reemplazar lisa y llanamente la Constitución Nacional por otra que sea enteramente funcional a su proyecto totalitario de corrupción estructural.

 

Esa disociación entre norma y conducta de la dirigencia política resta toda credibilidad a que la finalidad del proyecto en cuestión sea afirmar políticas de Estado buscando una mayor eficiencia del Sistema de Seguridad Interior frente al avance del narcotráfico.

 

c)    MODIFICAR LO QUE SE DESCONOCE

 

En tal sentido la necesidad esgrimida se demuestra ficticia, más aún desde que los firmantes del proyecto suponen que la Policía Federal Argentina es una institución de empleo dudoso “que se contrapone de algún modo en su esfera de actuación a las policías de Provincia”.

 

Esa sola frase en los fundamentos del proyecto revela un marcado desconocimiento de los roles que cumple, o debería cumplir, cada una de las instituciones que componen el Sistema de Seguridad Interior. No hay contraposición alguna entre las competencias de las policías provinciales y las de la Federal. Mucho menos desde que, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires mediante, se traspasó, aunque no de la manera más prolija, la responsabilidad de la seguridad metropolitana a las autoridades locales. Desde ese mismo momento, sin valorar la identidad forjada en la historia de una Policía que supo ser considerada entre las mejores policías del mundo, ni comprender su aptitud para intervenir en casos de delitos complejos de orden federal, los distintos gobiernos nacionales han demostrado no saber qué hacer con ella. Lo que se debe hacer es que siga siendo la Policía Federal Argentina, que con su trayectoria propia no necesita ser una mala copia del FBI ni lote de alquiler para ninguna otra franquicia extranjera.

 

d)   IDIOSINCRACIA Y DISEÑO INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS.

 

Tal como sostuve a través del diario La Prensa en “Idiosincrasia y diseño institucional”, artículo publicado el 25JUN19: El diseño institucional de las fuerzas de seguridad y policiales, por definición, debe reflejar la convicción de sostener el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional, y desde ese basamento, en atención a la asignación de una misión específica, con la atribución de las funciones necesarias para su cumplimiento, desarrollar una identidad susceptible de transformarse en tradición de cuerpo y vocación personal. Todo este proceso insume largos años de empeño, porque no hay generación espontánea ni mucho menos instantánea de las instituciones que hacen a la seguridad. Incluso bien pensadas, necesitan tanto madurar su cultura del trabajo y del servicio como probarse eficientes en el terreno, lo cual no es otra cosa que lograr el reconocimiento de la sociedad a la que sirven. Hasta cuando se parte de una institución ya formada, lo cual confiere ventajas evidentes, adquirir el sesgo propio demanda tiempo. Tanto a la Gendarmería Nacional como a la Prefectura Naval Argentina les llevó décadas adquirir sus rasgos particulares, distintivos de su origen en el Ejército y la Armada para alcanzar su autonomía institucional como fuerzas de seguridad. La Policía Federal, con otro desarrollo y una larga tradición en la capital del país, experimenta las consecuencias del prolongado y desprolijo traspaso a la Policía de la Ciudad, padeciendo en ello una comprensible incertidumbre sobre su perfil futuro. Y es que, preciso es puntualizarlo, incluso desde la buena intención configura una afrenta querer convertir a la Policía Federal Argentina en el FBI argentino ya que, por historia, logros profesionales y la capacidad de sus elementos, no puede rebajarse a mera copia o franquicia de un modelo extranjero.

 

Esta observación no significa, ni remotamente, que deban ser las propias fuerzas quienes definan su diseño institucional, porque ello es -al igual que la conducción de estas- una responsabilidad indeclinable de la dirigencia política. Pero es parte de esa responsabilidad comprender cabalmente las consecuencias de cada decisión y los riesgos de contradecir la lógica de las instituciones armadas.

 

e)   SOBRE ARRANQUES OPORTUNISTAS

 

Es decir: no se pueden repetir oportunistas arranques de circunstancia como el que dio origen a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada en 2005 por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Kirchner cuando Alberto Fernández era Jefe de Gabinete y Aníbal Fernández ministro del Interior. Ese elenco y el uso del DNU en lugar del debate parlamentario para la sanción de una ley, da cuenta del desprecio por la planificación institucional conforme los procedimientos normales del sistema republicano. Pero además, privó a la PSA de la posibilidad de una génesis institucional prolija, como transformación de la Policía Aeronáutica Nacional dependiente de la Fuerza Aérea, al permitir que Marcelo Saín experimentara desde el capricho ideológico (conforme al odio visceral del kirchnerismo hacia los militares), la ruptura institucional del modelo de policía militarizada ensayando un anárquico rejunte de civiles trabajando como policías.

 

En consecuencia, la PSA no pudo capitalizar en provecho de su identidad institucional las enseñanzas del largo camino recorrido por la Gendarmería y la Prefectura, lo cual es entendible porque para el régimen nunca fueron ejemplos a seguir sino instituciones a destruir; como lo demuestran los quiebres de disciplina de prefectos y gendarmes en 2012. Cuando llegue un gobierno no kirchnerista, una buena forma de terminar con ese experimento progre sería convertir la PSA en un área especializada de la Policía Federal.

 

Lo que la dirigencia política debe comprender es que una institución de seguridad se consolida cuando despierta en la sociedad a la que sirve la vocación que la sostiene. Y eso es mucho más que individuos tentados por una oferta laboral, es un anhelo de ser, porque quien busca un trabajo no está dispuesto a morir por lo que ese trabajo representa, como sí lo está quien quiere ser y merecer el grato y honroso título de buen gendarme, buen prefecto o buen policía.

 

Lo expuesto en el artículo aludido advierte sobre el riesgo de los arranques oportunistas. La PSA, con el adoctrinamiento ideológico que el kirchnerismo impone a sus efectivos para mentir 30.000 desaparecidos, algo que revela que lejos de contribuir a la seguridad la intencionalidad fue montar una fuerza que no tuviera historia y por ende ningún recuerdo de la lucha contra el terrorismo castrista, no ha sido el único arranque oportunista.

 

En el plano de la Inteligencia lo mismo puede decirse de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que desde su creación en el 2015 rompiendo la tradición SIDE ha sido sucesivamente la AFI kirchnerista, la AFI macrista y nuevamente la AFI kirchnerista, es decir una institución inútil que no contribuye en nada a la toma de decisiones porque no encarna una política de Estado que trascienda las distintas administraciones. Una calamidad, para decirlo suavemente.

 

f)      OTRA CAJA PARA EL KIRCHNERISMO

 

Esos antecedentes advierten que lo único que los diputados de la “oposición” podrían lograr de prosperar su proyecto de ley es, también para decirlo suavemente, otra calamidad institucional cuyo resultado práctico previsible será poner a disposición del kirchnerismo la posibilidad de una nueva fuerza ideologizada que le sirva como caja y creación de cargos para militantes.

 

Es inadmisible que durante la gestión de Alberto de la Fernández, donde los ministros de seguridad han sido Sabina Frederic (quien llegó al extremo, entre otras muchas muestras de perversidad política, de denunciar penalmente desde el Ministerio a vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que reclamaban el cese de las usurpaciones mapuches) y Aníbal Fernández, con todo lo que por sí simboliza, haya diputados de la oposición que quieran poner en esas manos cualquier nuevo recurso.

 

g)   EL PROYECTO SUBESTIMA A LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

 

Es sabido para mis lectores que entre las fuerzas federales tengo marcada preferencia por Gendarmería Nacional, pero la Gendarmería al igual que la Prefectura tienen misiones que se relacionan, en principio, con ámbitos geográficos específicos, fronteras terrestres, litoral fluvial y marítimo. Sostengo además que no es conveniente convertirlas en fuerzas multipropósito e indeterminado que deriven gran parte de sus esfuerzos a escenarios urbanos, ya sea en absurdos controles vehiculares, como policía antimotines o el sinfín de usos que responden más a necesidades de la política que de la Seguridad.

 

En mi opinión, las atribuciones que le quieren dar a la AFA (hasta el nombre es horrible) no implican nada que la Policía Federal Argentina no pueda hacer con eficiencia y menos riesgos de uso político que el que supone el proyecto de Ritondo, Milman y compañía.

 

Como recurso del Sistema de Seguridad Interior la Policía Federal, por decisión política, está muy lejos de siquiera acercarse a su máximo potencial. Al respecto el proyecto no hace más que subrayar el desprecio y la subestimación con que la política viene tratando a la Policía Federal desde el traspaso de funciones metropolitanas a la Ciudad de Buenos Aires.

 

Es preciso revertir esa tendencia afirmando la competencia primaria de la Policía Federal para sacar provecho de su larga experiencia y no fantasear con emular a la DEA; a la que muchos de los firmantes del proyecto sólo conocen por lo que han visto en películas y series de televisión. Porque es dudoso que la organización, métodos y en particular el criterio estratégico operacional de la DEA ofrezcan modelo a seguir para la República Argentina. 

 

El tráfico de estupefacientes es una problemática especialmente atendida por la legislación argentina desde el año 1924 con la sanción de la Ley 11.309. Ese antecedente legal indica que hay al menos un siglo de historia local y experiencia policial sobre esta problemática, algo que también registran elementos esenciales de la cultura nacional como el Tango. Significativamente, Carlos Gardel grabó en 1926, con letra de Manuel Romero y música de Francisco Canaro el conocido tango “Tiempos viejos”, en el que con añoranza del 900 se describen cambios observados en aquel presente: “¿Te acordás, hermano? ¡Qué tiempos aquéllos! Eran otros hombres más hombres los nuestros. No se conocían cocó ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina”.

 

Entonces el consumo de drogas tenía un alcance limitado en comparación al hoy, pero siempre asociado a otras actividades de crimen organizado, por lo que durante muchos años se sostuvo que Argentina era un país de tránsito y no de consumo. Eso empieza a cambiar en la década del sesenta acompañando las transformaciones sociales y culturales de Occidente en el marco insoslayable de la Guerra Fría. En los setentas el problema continuaba escalando, aunque se quería seguir creyendo que Argentina continuaría siendo, esencialmente, un país de tránsito con un consumo marginal. Y la percepción de problema en crecimiento motivó el interés por comprender esfuerzos extranjeros por lo que, tendiendo a la cooperación internacional, durante la presidencia del General Agustín Lanusse comenzaron los primeros ensayos de aproximación al Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD), creado en 1968 y que sería el antecesor de la DEA creada en 1973.

 

De allí que, a finales de 1974, como parte de transformaciones institucionales que habían dado comienzo en 1971, se creó en la Policía Federal Argentina el Departamento de Toxicomanía, elevado a Dirección General de Drogas Peligrosas en 1984. Superintendencia de Drogas Peligrosas desde 1987.

 

Parecen desconocer los impulsores del proyecto que la Policía Federal Argentina ha contado con personal especializado en la lucha contra el narcotráfico desde antes de la creación de la DEA e institucionalmente conformando un área específica desde 1974, por lo cual las experiencias extranjeras sólo tienen valor desde la propia historia.

 

Por otra parte, el antecedente de la Fuerza Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba creada en 2014 por la Ley Provincial 10.200, es una resultante de la adecuación planteada a las provincias por la Ley 26.052 del año 2005 que, modificando la Ley 23.737, dispuso la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. Desfederalización a la que la Provincia de Córdoba adhirió en 2012 con la sanción de la Ley Provincial Nº 10.067, tempranamente si se considera que ese proceso aún no se ha cerrado en tanto sólo han adherido ocho provincias. Y de ellas solamente Córdoba creó una fuerza especial para hacer frente al desafío. Es decir: se decidió en Córdoba responder con una nueva fuerza a una nueva responsabilidad tomando injerencia primaria en la lucha contra el narcomenudeo. Ese cambio de escenario legal es una situación que no enfrenta el Estado Nacional; por lo que el antecedente citado no tiene mayor pertinencia.

 

Luego la tan mentada “cooperación interangencial” no supone crear nuevas agencias / fuerzas para ser implementada. Mucho menos cuando se quiere tomar por modelo la proliferación de agencias estatales de los Estados Unidos, país que además de contar con 330 millones de habitantes y disponer de recursos que el fundido Estado Argentino no tiene, cuenta con algo todavía más importante: un fuerte funcionamiento institucional con estabilidad política -no exenta de crisis, claro- que le permite sostener políticas de Estado.

 

h)   LA VOLUNTAD DE LO RACIONAL

 

Sin necesidad de inventos, el Sistema de Seguridad Interior argentino, que necesariamente debe reflejar la austeridad que le cabe adoptar a un país quebrado, ya dispone de herramientas suficientes para que la interagencialidad sea la práctica usual entre sus componentes, pero para eso hay que tener la decisión política de hacer funcionar tanto al sistema de Seguridad como al de Inteligencia. Voluntad racional (eso es una decisión) que hoy, y desde hace largos años, no existe.

 

Una muestra clara de esa falta de voluntad aflora en los fundamentos del proyecto cambiemita, a partir del relato partidario de una supuesta gestión exitosa en el interregno macrista 2015/2019 que, pese a lo pomposamente declamado, no es más que una bandera discursiva.

 

En ese período, la ministro Patricia Bullrich sostuvo una gestión de tinte voluntarista y meramente reactiva que careció de planificación y proyección estratégica. Se dejó hacer a las Fuerzas Federales, lo cual de por sí era una mejora sustancial respecto de la nada kirchnerista, pero faltó conducción política de conceptos claros y prolijidad metódica para que la acción desplegada fuera efectiva y no solamente efectista.

 

Aludida en los fundamentos del proyecto, la situación de Rosario en la Provincia de Santa Fe que nunca en lo que va del siglo ha dejado de agravarse es un buen ejemplo del nulo resultado obtenido por una gestión efectista que se limitó a enviar gendarmes sin otro plan que el mero envío. E incluso con algún subsecretario del Ministerio de Seguridad que, en la gestión de Bullrich, rehusaba cooperar con esos mismos gendarmes argumentando que “Rosario es Vietnam, no se puede ganar”; algo de lo que la ministro fue informada.

 

Rosario no es Vietnam y sí se puede ganar, sólo hay que hacer las cosas bien.

 

Con igual superficialidad se celebró como un éxito el reiterado decomiso de “droga enfriada”, sin que nadie se preguntara cómo es posible que siendo una de las características del narco la creatividad dinámica para eludir la represión estatal los narcotraficantes siguieran utilizando, una y otra vez, la misma técnica sin oponer tampoco resistencia armada. Perdían su mercadería gratis…

 

Esas preguntas no se hacían por conformismo de los funcionarios, y porque además hacer ese tipo de preguntas incómodas e indagar en la respuesta es tarea de Inteligencia, y durante los cuatro años de Patricia Bullrich como ministro de Seguridad se mantuvo acéfala a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. No obstante esa falencia notoria, el proyecto refiere a la Agencia Federal Antinarcotráfico como parte integrante del Subsistema de Inteligencia Criminal que encabeza esa misma Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que mantuvieron inoperante y acéfala, en el marco de un Sistema de Inteligencia Nacional llevado a su colapso en 2014 por el mal uso del kirchnerismo y que nunca desde entonces se ha recompuesto.

 

Y esa ausencia de Inteligencia Nacional e Inteligencia Criminal que sigue padeciendo la República Argentina, deja certeza respecto a que las fallas que puedan exhibir los sistemas de Seguridad e Inteligencia, como así también el de Defensa, no tienen por causa principal ni suficiente defectos de diseño institucional, sino a la evidente intencionalidad de la dirigencia política para que los sistemas no funcionen. Intencionalidad, porque a esta altura de la historia no cabe la ingenuidad de atribuir el profundo daño institucional, la degradación cultural y la miseria tanto material como moral del país a la mera “incapacidad” de los políticos.

 

Deliberadamente hacen aspavientos gatopardistas para aparentar que algo les interesa cuando no tienen otro interés que dejar que todo siga empeorando.

 

6.- CONCLUSIÓN:

 

El proyecto de creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico es otro aspaviento gatopardista, algo que de aprobarse sólo servirá para paralizar todavía más la lucha contra el narcotráfico excusando a la política de dar explicaciones mientras formatea su invento. Y que aún implementándose correctamente no serviría de nada, porque más allá del acto inaugural no hay ninguna intención política de hacer que funcione, como lo demuestran un Sistema de Inteligencia Nacional devastado, un Sistema de Seguridad Interior vacilante y un Sistema de Defensa reducido casi a la formalidad ceremonial.

 

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.

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