Cada tanto ante alguna pregunta me toca responder: "No sé", "No tengo opinión formada", "Me falta data para opinar", "No es mi área de conocimento" y no tan excepcionalmente la que últimamente va siendo mi preferida: "No tengo idea ni me interesa".
Por supuesto alguna que otra vez he aventurado alguna opinión que debí callarme, porque el "hablemos sin saber que todos somos licenciados en todo" es, en buena medida, parte de nuestra idiosincrasia. No hace mucho me disculpé por este mismo medio de una metida de pata surgida del apresuramiento al dar por sentado tener un muy específico conocimiento que resultó no ser cierto.
En estos días he recibido desde distintos ámbitos dos consultas recurrentes sobre materias en las que me permito opinar, una respecto a los cambios en la Policía Federal y otra sobre la constitucionalidad de las tareas de Inteligencia de esa fuerza.
En cuanto a la primera me limito a señalar que los cambios que realiza el gobierno en materia de Fuerzas Federales difieren mucho de la propuesta que sostuve en grupos de trabajo previos a las elecciones. Y a las publicaciones que dan cuenta de ello me remito.
En cuanto a la constitucionalidad de las tareas de Inteligencia, el análisis de lo que es constitucional o no debe partir del concepto mismo de Inteligencia como "el proceso racional que antecede la toma de decisiones consistente en reunir y analizar información a ese fin y en previsión de escenarios futuros".
Tener clara esa definición permite delimitar el ámbito institucional (decisiones del Poder Ejecutivo relativas a sus atribuciones) y en consecuencia discernir que acciones son de Inteligencia y cuales no. Esto es importante porque los licenciados en todo que ejercen su oficio de hablar sin saber propalan una gran variedad de falacias, cosas delirantes como que está prohibido hacer Inteligencia Interior, que los militares sólo pueden hacer Inteligencia sobre fuerzas armadas extranjeras (como si no fuera necesario para la Defensa, entre otras muchas cosas, contar con información y proyecciones de las vulnerabilidades y capacidades propias que podrían ser relevantes en caso de conflicto), y otro de los absurdos más frecuentes es confundir Inteligencia Criminal con Investigación Criminal, dos materias necesariamente relacionadas y coadyuvantes pero diferenciadas en sus medios y propósitos.
Ahora bien para analizar si la actividad de Inteligencia que realiza el Estado (porque debe tenerse claro que en cualquier ámbito humano donde deban tomarse decisiones se hace Inteligencia, lo que abarca desde las amas de casa hasta los CEOS de compañías multinacionales), es preciso comprender el sistema de toma de decisiones establecido por los constituyentes.
Los constituyentes sabios de 1853/60, no los cosos esos de 1994, establecieron para la Nación Argentina la racionalidad del sistema republicano para la toma de decisiones, con la lógica de la división del poder en tres funciones diferenciadas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Una lógica que busca impedir los abusos del poder propios del absolutismo y el totalitarismo. O sea: todo eso que vivimos durante la infeKtadura.
Ante las atribuciones del Poder Ejecutivo, que desempeña el Presidente de la Nación Argentina, hay dos consideraciones que son fundamentales para la actividad de Inteligencia, una principal y otra condicionante. La principal es que el Presidente de la Nación tiene la responsabilidad de tomar decisiones como jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Y la condicionante es que puede ser destituido por mal desempeño o inhabilidad para el cargo. Esto aplica también a los gobernadores, a quienes cabe reconocer facultades en materia de Inteligencia en relación a sus ámbitos de decisión.
Cabe destacar que durante la mayor parte de su historia, Argentina no necesitó de una ley para organizar sus servicios de Inteligencia. Ello así porque las propias las normas constitucionales ratifican que no es imprescindible una ley, porque si tomar decisiones es atribución del Presidente va de suyo que, estando a cargo de la administración general del país, esta facultado para organizar en el ámbito del Poder Ejecutivo el Sistema de Inteligencia que contribuya a informarlo para asegurar la racionalidad de sus decisiones. Y el control de esa actividad de Inteligencia queda atribuido al Congreso Nacional mediante la posibilidad de destituir a un presidente que toma malas decisiones, porque en eso consiste el mal desempeño o la inhabilidad para el cargo.
En lo personal sostengo que sería la mejor Ley de Inteligencia que no haya ninguna ley, porque es innecesaria o superflua si se comprende el concepto de Inteligencia y se cumple y hace cumplir la Constitución Nacional desde los tres poderes republicanos.
Muy curiosamente ese pensamiento asusta a muchos que temerosos del Poder Ejecutivo Nacional no parecen asustarse por un Poder Judicial devenido Poder Prevaricador y un Poder Legislativo que, siempre con alguna que otra honrosa excepción, se ha convertido en un ámbito amoral con muy bajo contenido de neuronas y exceso de politiquería. Con esos dos poderes atrofiados, afirmo, ninguna ley pasa de ser un instrumento ocasional, sometido la mayor parte de las veces al viento político del momento.
No debe soslayarse en el análisis de la cuestión que los servicios de Inteligencia son un atributo de la Soberanía. Solamente los países que deciden su propio destino, los que piensan por sí mismos, cuentan realmente con servicios de Inteligencia. No los necesitan aquellos estados vasallos sometidos a las decisiones que otro le impone. Luego es muy claro de entender que son muchos los enemigos, internos y externos, a quienes interesa una Argentina idiotizada que no cuente con verdaderos servicios de Inteligencia.
Como corolario de lo expuesto señalo que desenvolviéndose en el ámbito del Poder Ejecutivo la Policía Federal tiene legítimas y razonables funciones de Inteligencia, aunque no sean su razón de ser.
Decir en abstracto que a partir de las reformas dispuestas por el gobierno la actividad de Inteligencia realizada por la Policía Federal vaya a ser ilegal resulta malicioso. Primero habrá que determinar si la acción cuestionada califica como Inteligencia o responde a facultades de tipo investigativo / represivo. Y si califica como Inteligencia difícilmente pueda ser ilegal, porque, una vez más: Inteligencia es el proceso racional que antecede la toma de decisiones, consistente en reunir y analizar información a ese fin y en previsión de escenarios futuros.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,
un liberal que no habla de economía.
Costará mucho tiempo y esfuerzo volver a llamar las cosas importantes por su nombre, y adoptar la sana costumbre de usar los nombres apropiados, los nombres que se han adjudicado en forma leal y dejar de usar eufemismos que pueden esconder desde malas intenciones hasta cobardías. Inteligencia es exactamente lo que escribiste aquí (y has escrito antes), no lo que se manoseó con un apodo eufemístico y perverso (en particular cuando una licenciada en cualquier cosa reinventó la función de su reluciente cargo y cargó diciendo oficialmente que el país no necesita inteligencia, sino información, y no cualquier tipo de información: información y pública. Y ese nombre le puso a esta difícil, delicada e imprescindible actividad de protección). Reside en mentes entrenadas a lo Gramsci, renombrar y con eso cambiar desde el destino de las instituciones hasta su contenido. No estamos a salvo de la tentación de nuestras conducciones, de continuar usando esa táctica. Es decir, seguimos sin estar a salvo. Impecable, Pluma de la Derecha.
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