Sobre políticos que venden
humo:
Prevengo a los lectores que
este artículo es bastante más largo que los resúmenes de Rincón del Vago que nutren
de conocimiento (o algo parecido) al diputado Gerardo Milman.
Lo redacté a partir del
incidente en el que el diputado José Luis Espert se negó a responder mi pregunta
sobre el motivo por el cual su firma aparece avalando el proyecto de Juntos por
el Cambio (leer: TODO MAL CON ESPERT).
Dudo pues que Milman lea el
artículo, por ser muy extenso. Y también dudo que lo lea Espert, porque los
soberbios iluminados que no aceptan explicarse ante sus votantes son al fin de
cuentas otra variante de Lipovetzky que firman su ignorancia.
Tampoco creo que lo vaya a
leer María Eugenia Vidal, porque si gobernando la Provincia de Buenos Aires
mandó hacer ley el proyecto del kirchnerismo para hacer obligatoria la mentira
de los 30.000 desaparecidos, seguro estará contenta de darle otra caja al
kirchnerismo.
Sí, tengo claro que este
artículo no tendrá muchos lectores. Pero quien lo lea, coincida o no con mi
planteo, tendrá elementos para comprender y analizar algunas cuestiones que
hacen a la Seguridad Interior.
INDICE:
1)
Introducción.
2)
El proyecto.
3)
Los fundamentos.
4)
Los firmantes.
5)
Cuestionamientos al proyecto.
a) ¿Con
qué necesidad?
b) El
principal problema de la Seguridad es político.
c) Modificar
lo que se desconoce.
d) Idiosincrasia
y diseño institucional de las fuerzas.
e) Sobre
arranques oportunistas.
f) Otra
caja para el kirchnerismo.
g) El
proyecto subestima a la Policía Federal Argentina.
h) La
voluntad de lo racional.
6)
Conclusión.
1.- INTRODUCCIÓN
A mitad de año el presidente
del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley
para la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico.
El citado proyecto es
cuestionable por diversas razones que, en su conjunto, ratifican lo distanciada
que está la política de asumir su responsabilidad y entender la realidad del
país.
2.- EL PROYECTO
Sintetizando los 23 artículos
del proyecto presentado, se propone crear en el ámbito del Ministerio de
Seguridad de la Nación la Agencia Federal Antinarcotráfico (AFA), una nueva
fuerza de seguridad a la que se atribuyen funciones de prevención, represión e
investigación relacionadas con los delitos contemplados en la Ley 23.737
(narcotráfico).
A tal efecto se dispone que el
Poder Ejecutivo Nacional establecerá la composición, estructura, dimensión,
organización operacional y despliegue de la Agencia, siendo además potestad del
Presidente nombrar a su Director Nacional, reservando al ministro de Seguridad
la facultad de designar y remover al personal de la Agencia.
Se confiere a la Agencia
Federal Antinarcotráfico la capacidad de cooperación interagencial, (nacional e
internacional) siendo den el ámbito interno obligación de las otras fuerzas del
Sistema de Seguridad Interior informar en forma inmediata a la Agencia toda
novedad (actividad, evento o circunstancia) relacionada con el narcotráfico a
efectos de su intervención.
Teniendo por ámbito de
actuación todo el territorio nacional, se faculta a la AFA a requerir
información y establecer el plazo de respuesta de cualquier organismo público,
como así también a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Téngase presente lo arriba
entrecomillado, transcripción del Art. 10. Inc. 3 del texto, porque es un punto
de crítica importante como veremos luego en función de los fundamentos del
proyecto.
Para el control de la Agencia
Federal Antinarcotráfico se crea una comisión bicameral en el Congreso de la
Nación.
3.- LOS FUNDAMENTOS
Atendiendo a lo sustancial de
los fundamentos, entre mucha obviedad consabida sobre los riesgos y daños que
provoca el narcotráfico, se puede apreciar que los firmantes del proyecto
suponen lo siguiente:
1.
Que la Policía Federal Argentina es “una
policía de orden federal y general en su competencia que
se contrapone de algún modo en su esfera de actuación a las policías de
Provincia”.
2.
Que existe la necesidad de generar un ámbito
federal en el campo de la seguridad interior y por ende conducido por el
gobierno nacional que sea altamente profesionalizado y se ocupe de modo
centralizado de la prevención, respuesta, represión e investigación integral de
los delitos complejos ligados al narcotráfico.
4.
Que el caso de Rosario “supone un estado de
cosas altamente preocupante” que merece respuestas apropiadas.
5.
Que la creación de la Agencia Federal
Antinarcotráfico supondría dotar a la Nación de un instrumento, como fuerza
policial de carácter nacional y específico, para obrar como “resorte estatal
estratégico que adopte un desarrollo y despliegue propio pero siempre
controlado (gobierno civil de la seguridad pública), más allá de contingencias
político partidarias, en tanto la lucha contra el narcotráfico debe ser una
verdadera política de Estado”.
6.
Que se han tomado en cuenta experiencias nacionales
como la creación de la Fuerza Antinarcotráfico de la
Provincia de Córdoba, y extranjeras como la DEA.
4.- LOS FIRMANTES
Firman el proyecto estos 15
diputados: Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Mario Negri, Juan López, Rodrigo
De Loredo, Ramiro Gutiérrez, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Ricardo López
Murphy, José Luis Espert, Carolina Píparo, María Eugenia Vidal, Federico
Angelini, María Luján Rey y Waldo Wolff.
5.- CUESTIONAMIENTOS AL
PROYECTO
a)
¿CON QUÉ NECESIDAD?
La primera pregunta que cabe
formular y responder frente al proyecto es: ¿cuándo debe crearse una nueva
fuerza de seguridad?
En principio esa alternativa
resulta lógica cuando surge una amenaza nueva que por lo inédita supera la
capacidad de respuesta del sistema de seguridad vigente. No es el caso, porque
el narcotráfico no es nada nuevo. Y como expondré seguidamente no es el sistema
el que no responde en modo eficiente, sino que es la política degradada a
politiquería la que impide al sistema actuar con su mejor empeño.
Otra justificación para la
creación de una nueva agencia sería que, habiéndose hecho todos los esfuerzos
para alcanzar y sostener el buen funcionamiento del sistema existente, se pueda
concluir que el sistema es entera o parcialmente obsoleto, irremediablemente
corrupto o notoriamente insuficiente por diseño o capacidad. Tampoco es el caso,
el sistema no es obsoleto, ni irremediablemente corrupto ni notoriamente
insuficiente por sí. Y de ninguna manera se han hecho todos los esfuerzos
posibles, ni siquiera los básicos, para que funcione correctamente.
b)
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD ES
POLÍTICO
Alguna vez me preguntó José
Manuel De la Sota si el principal problema de la Seguridad Interior era el
narcotráfico y le respondí que no, que el crecimiento del narcotráfico es
apenas otra consecuencia del verdadero problema: el constante ataque a la
Constitución Nacional por parte de la dirigencia política que permite, entre
otros muchos males, que encuentre el narco, así como otras organizaciones
criminales, condiciones institucionales y culturales que favorecen su
afirmación y crecimiento.
Hay pues, en el intento de
“crear” algo nuevo, la notoria elusión de responsabilidad por parte de la
dirigencia política. Otro engaño de círculo vicioso como el de reformar la
Constitución Nacional argumentando que debía actualizarse en 1994, no cumplirla
luego y pretender volver a reformarla en el presente como si la falla estuviera
en el texto y no en la voluntad de quienes deben cumplirla pero que no cumplen
ni sus propias reformas. Así, por ejemplo, lleva más de una década inutilizado
por acefalia el órgano constitucional Defensor del Pueblo de la Nación.
Como nota de contexto, es
insoslayable remarcar que si bien los incumplimientos constitucionales abarcan
a todo el espectro político, con mínimas excepciones, el kirchnerismo exhibe la
desvergonzada intención de reemplazar lisa y llanamente la Constitución
Nacional por otra que sea enteramente funcional a su proyecto totalitario de
corrupción estructural.
Esa disociación entre norma y
conducta de la dirigencia política resta toda credibilidad a que la finalidad
del proyecto en cuestión sea afirmar políticas de Estado buscando una mayor
eficiencia del Sistema de Seguridad Interior frente al avance del narcotráfico.
c)
MODIFICAR LO QUE SE DESCONOCE
En tal sentido la necesidad
esgrimida se demuestra ficticia, más aún desde que los firmantes del proyecto
suponen que la Policía Federal Argentina es una institución de empleo dudoso “que
se contrapone de algún modo en su esfera de actuación a las policías de
Provincia”.
Esa sola frase en los
fundamentos del proyecto revela un marcado desconocimiento de los roles que
cumple, o debería cumplir, cada una de las instituciones que componen el
Sistema de Seguridad Interior. No hay contraposición alguna entre las
competencias de las policías provinciales y las de la Federal. Mucho menos
desde que, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires mediante, se traspasó, aunque
no de la manera más prolija, la responsabilidad de la seguridad metropolitana a
las autoridades locales. Desde ese mismo momento, sin valorar la identidad
forjada en la historia de una Policía que supo ser considerada entre las
mejores policías del mundo, ni comprender su aptitud para intervenir en casos
de delitos complejos de orden federal, los distintos gobiernos nacionales han
demostrado no saber qué hacer con ella. Lo que se debe hacer es que siga siendo
la Policía Federal Argentina, que con su trayectoria propia no necesita ser una
mala copia del FBI ni lote de alquiler para ninguna otra franquicia extranjera.
d)
IDIOSINCRACIA Y DISEÑO INSTITUCIONAL DE LAS
FUERZAS.
Tal como sostuve a través del
diario La Prensa en “Idiosincrasia y diseño institucional”, artículo publicado
el 25JUN19: El diseño institucional de las fuerzas de seguridad y policiales,
por definición, debe reflejar la convicción de sostener el estilo de vida
propiciado por la Constitución Nacional, y desde ese basamento, en atención a
la asignación de una misión específica, con la atribución de las funciones
necesarias para su cumplimiento, desarrollar una identidad susceptible de
transformarse en tradición de cuerpo y vocación personal. Todo este proceso
insume largos años de empeño, porque no hay generación espontánea ni mucho
menos instantánea de las instituciones que hacen a la seguridad. Incluso bien
pensadas, necesitan tanto madurar su cultura del trabajo y del servicio como
probarse eficientes en el terreno, lo cual no es otra cosa que lograr el
reconocimiento de la sociedad a la que sirven. Hasta cuando se parte de una
institución ya formada, lo cual confiere ventajas evidentes, adquirir el sesgo
propio demanda tiempo. Tanto a la Gendarmería Nacional como a la Prefectura
Naval Argentina les llevó décadas adquirir sus rasgos particulares, distintivos
de su origen en el Ejército y la Armada para alcanzar su autonomía
institucional como fuerzas de seguridad. La Policía Federal, con otro
desarrollo y una larga tradición en la capital del país, experimenta las
consecuencias del prolongado y desprolijo traspaso a la Policía de la Ciudad,
padeciendo en ello una comprensible incertidumbre sobre su perfil futuro. Y es
que, preciso es puntualizarlo, incluso desde la buena intención configura una
afrenta querer convertir a la Policía Federal Argentina en el FBI argentino ya
que, por historia, logros profesionales y la capacidad de sus elementos, no
puede rebajarse a mera copia o franquicia de un modelo extranjero.
Esta observación no significa,
ni remotamente, que deban ser las propias fuerzas quienes definan su diseño
institucional, porque ello es -al igual que la conducción de estas- una
responsabilidad indeclinable de la dirigencia política. Pero es parte de esa
responsabilidad comprender cabalmente las consecuencias de cada decisión y los
riesgos de contradecir la lógica de las instituciones armadas.
e)
SOBRE ARRANQUES OPORTUNISTAS
Es decir: no se pueden repetir
oportunistas arranques de circunstancia como el que dio origen a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada en 2005 por un decreto de necesidad y
urgencia del presidente Kirchner cuando Alberto Fernández era Jefe de Gabinete
y Aníbal Fernández ministro del Interior. Ese elenco y el uso del DNU en lugar
del debate parlamentario para la sanción de una ley, da cuenta del desprecio
por la planificación institucional conforme los procedimientos normales del
sistema republicano. Pero además, privó a la PSA de la posibilidad de una
génesis institucional prolija, como transformación de la Policía Aeronáutica
Nacional dependiente de la Fuerza Aérea, al permitir que Marcelo Saín
experimentara desde el capricho ideológico (conforme al odio visceral del
kirchnerismo hacia los militares), la ruptura institucional del modelo de
policía militarizada ensayando un anárquico rejunte de civiles trabajando como
policías.
En consecuencia, la PSA no
pudo capitalizar en provecho de su identidad institucional las enseñanzas del
largo camino recorrido por la Gendarmería y la Prefectura, lo cual es
entendible porque para el régimen nunca fueron ejemplos a seguir sino
instituciones a destruir; como lo demuestran los quiebres de disciplina de
prefectos y gendarmes en 2012. Cuando llegue un gobierno no kirchnerista, una
buena forma de terminar con ese experimento progre sería convertir la PSA en un
área especializada de la Policía Federal.
Lo que la dirigencia política
debe comprender es que una institución de seguridad se consolida cuando
despierta en la sociedad a la que sirve la vocación que la sostiene. Y eso es
mucho más que individuos tentados por una oferta laboral, es un anhelo de ser,
porque quien busca un trabajo no está dispuesto a morir por lo que ese trabajo
representa, como sí lo está quien quiere ser y merecer el grato y honroso
título de buen gendarme, buen prefecto o buen policía.
Lo expuesto en el artículo
aludido advierte sobre el riesgo de los arranques oportunistas. La PSA, con el
adoctrinamiento ideológico que el kirchnerismo impone a sus efectivos para
mentir 30.000 desaparecidos, algo que revela que lejos de contribuir a la
seguridad la intencionalidad fue montar una fuerza que no tuviera historia y
por ende ningún recuerdo de la lucha contra el terrorismo castrista, no ha sido
el único arranque oportunista.
En el plano de la Inteligencia
lo mismo puede decirse de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que desde
su creación en el 2015 rompiendo la tradición SIDE ha sido sucesivamente la AFI
kirchnerista, la AFI macrista y nuevamente la AFI kirchnerista, es decir una
institución inútil que no contribuye en nada a la toma de decisiones porque no
encarna una política de Estado que trascienda las distintas administraciones.
Una calamidad, para decirlo suavemente.
f)
OTRA CAJA PARA EL KIRCHNERISMO
Esos antecedentes advierten
que lo único que los diputados de la “oposición” podrían lograr de prosperar su
proyecto de ley es, también para decirlo suavemente, otra calamidad
institucional cuyo resultado práctico previsible será poner a disposición del kirchnerismo
la posibilidad de una nueva fuerza ideologizada que le sirva como caja y
creación de cargos para militantes.
Es inadmisible que durante la
gestión de Alberto de la Fernández, donde los ministros de seguridad han sido
Sabina Frederic (quien llegó al extremo, entre otras muchas muestras de perversidad
política, de denunciar penalmente desde el Ministerio a vecinos de Bariloche y
Villa Mascardi que reclamaban el cese de las usurpaciones mapuches) y Aníbal
Fernández, con todo lo que por sí simboliza, haya diputados de la oposición que
quieran poner en esas manos cualquier nuevo recurso.
g)
EL PROYECTO SUBESTIMA A LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Es sabido para mis lectores que entre las fuerzas federales tengo marcada preferencia por Gendarmería
Nacional, pero la Gendarmería al igual que la Prefectura tienen misiones que se
relacionan, en principio, con ámbitos geográficos específicos, fronteras
terrestres, litoral fluvial y marítimo. Sostengo además que no es conveniente
convertirlas en fuerzas multipropósito e indeterminado que deriven gran parte
de sus esfuerzos a escenarios urbanos, ya sea en absurdos controles vehiculares,
como policía antimotines o el sinfín de usos que responden más a necesidades de
la política que de la Seguridad.
En mi opinión, las
atribuciones que le quieren dar a la AFA (hasta el nombre es horrible) no
implican nada que la Policía Federal Argentina no pueda hacer con eficiencia y
menos riesgos de uso político que el que supone el proyecto de Ritondo, Milman
y compañía.
Como recurso del Sistema de
Seguridad Interior la Policía Federal, por decisión política, está muy lejos de
siquiera acercarse a su máximo potencial. Al respecto el proyecto no hace más
que subrayar el desprecio y la subestimación con que la política viene tratando
a la Policía Federal desde el traspaso de funciones metropolitanas a la Ciudad
de Buenos Aires.
Es preciso revertir esa
tendencia afirmando la competencia primaria de la Policía Federal para sacar
provecho de su larga experiencia y no fantasear con emular a la DEA; a la que
muchos de los firmantes del proyecto sólo conocen por lo que han visto en
películas y series de televisión. Porque es dudoso que la organización, métodos
y en particular el criterio estratégico operacional de la DEA ofrezcan modelo a
seguir para la República Argentina.
El tráfico de estupefacientes
es una problemática especialmente atendida por la legislación argentina desde
el año 1924 con la sanción de la Ley 11.309. Ese antecedente legal indica que
hay al menos un siglo de historia local y experiencia policial sobre esta
problemática, algo que también registran elementos esenciales de la cultura
nacional como el Tango. Significativamente, Carlos Gardel grabó en 1926, con
letra de Manuel Romero y música de Francisco Canaro el conocido tango “Tiempos
viejos”, en el que con añoranza del 900 se describen cambios observados en
aquel presente: “¿Te acordás, hermano? ¡Qué tiempos aquéllos! Eran otros
hombres más hombres los nuestros. No se conocían cocó ni morfina, los
muchachos de antes no usaban gomina”.
Entonces el consumo de drogas
tenía un alcance limitado en comparación al hoy, pero siempre asociado a otras
actividades de crimen organizado, por lo que durante muchos años se sostuvo que
Argentina era un país de tránsito y no de consumo. Eso empieza a cambiar en la
década del sesenta acompañando las transformaciones sociales y culturales de
Occidente en el marco insoslayable de la Guerra Fría. En los setentas el
problema continuaba escalando, aunque se quería seguir creyendo que Argentina
continuaría siendo, esencialmente, un país de tránsito con un consumo marginal.
Y la percepción de problema en crecimiento motivó el interés por comprender
esfuerzos extranjeros por lo que, tendiendo a la cooperación internacional, durante
la presidencia del General Agustín Lanusse comenzaron los primeros ensayos de aproximación
al Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD), creado en 1968 y que sería
el antecesor de la DEA creada en 1973.
De allí que, a finales de
1974, como parte de transformaciones institucionales que habían dado comienzo
en 1971, se creó en la Policía Federal Argentina el Departamento de Toxicomanía,
elevado a Dirección General de Drogas Peligrosas en 1984. Superintendencia de
Drogas Peligrosas desde 1987.
Parecen desconocer los
impulsores del proyecto que la Policía Federal Argentina ha contado con
personal especializado en la lucha contra el narcotráfico desde antes de la
creación de la DEA e institucionalmente conformando un área específica desde
1974, por lo cual las experiencias extranjeras sólo tienen valor desde la
propia historia.
Por otra parte, el antecedente
de la Fuerza Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba creada en 2014 por la
Ley Provincial 10.200, es una resultante de la adecuación planteada a las
provincias por la Ley 26.052 del año 2005 que, modificando la Ley 23.737, dispuso
la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de
estupefacientes. Desfederalización a la que la Provincia de Córdoba adhirió en
2012 con la sanción de la Ley Provincial Nº 10.067, tempranamente si se
considera que ese proceso aún no se ha cerrado en tanto sólo han adherido ocho
provincias. Y de ellas solamente Córdoba creó una fuerza especial para hacer
frente al desafío. Es decir: se decidió en Córdoba responder con una nueva
fuerza a una nueva responsabilidad tomando injerencia primaria en la lucha
contra el narcomenudeo. Ese cambio de escenario legal es una situación que no
enfrenta el Estado Nacional; por lo que el antecedente citado no tiene mayor
pertinencia.
Luego la tan mentada
“cooperación interangencial” no supone crear nuevas agencias / fuerzas para ser
implementada. Mucho menos cuando se quiere tomar por modelo la proliferación de
agencias estatales de los Estados Unidos, país que además de contar con 330
millones de habitantes y disponer de recursos que el fundido Estado Argentino
no tiene, cuenta con algo todavía más importante: un fuerte funcionamiento
institucional con estabilidad política -no exenta de crisis, claro- que le
permite sostener políticas de Estado.
h)
LA VOLUNTAD DE LO RACIONAL
Sin necesidad de inventos, el
Sistema de Seguridad Interior argentino, que necesariamente debe reflejar la
austeridad que le cabe adoptar a un país quebrado, ya dispone de herramientas
suficientes para que la interagencialidad sea la práctica usual entre sus
componentes, pero para eso hay que tener la decisión política de hacer
funcionar tanto al sistema de Seguridad como al de Inteligencia. Voluntad
racional (eso es una decisión) que hoy, y desde hace largos años, no existe.
Una muestra clara de esa falta
de voluntad aflora en los fundamentos del proyecto cambiemita, a partir del
relato partidario de una supuesta gestión exitosa en el interregno macrista
2015/2019 que, pese a lo pomposamente declamado, no es más que una bandera
discursiva.
En ese período, la ministro
Patricia Bullrich sostuvo una gestión de tinte voluntarista y meramente
reactiva que careció de planificación y proyección estratégica. Se dejó hacer a
las Fuerzas Federales, lo cual de por sí era una mejora sustancial respecto de
la nada kirchnerista, pero faltó conducción política de conceptos claros y
prolijidad metódica para que la acción desplegada fuera efectiva y no solamente
efectista.
Aludida en los fundamentos del
proyecto, la situación de Rosario en la Provincia de Santa Fe que nunca en lo
que va del siglo ha dejado de agravarse es un buen ejemplo del nulo resultado
obtenido por una gestión efectista que se limitó a enviar gendarmes sin otro
plan que el mero envío. E incluso con algún subsecretario del Ministerio de
Seguridad que, en la gestión de Bullrich, rehusaba cooperar con esos mismos
gendarmes argumentando que “Rosario es Vietnam, no se puede ganar”; algo de lo
que la ministro fue informada.
Rosario no es Vietnam y sí se
puede ganar, sólo hay que hacer las cosas bien.
Con igual superficialidad se
celebró como un éxito el reiterado decomiso de “droga enfriada”, sin que nadie
se preguntara cómo es posible que siendo una de las características del narco
la creatividad dinámica para eludir la represión estatal los narcotraficantes
siguieran utilizando, una y otra vez, la misma técnica sin oponer tampoco
resistencia armada. Perdían su mercadería gratis…
Esas preguntas no se hacían
por conformismo de los funcionarios, y porque además hacer ese tipo de
preguntas incómodas e indagar en la respuesta es tarea de Inteligencia, y
durante los cuatro años de Patricia Bullrich como ministro de Seguridad se
mantuvo acéfala a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. No obstante
esa falencia notoria, el proyecto refiere a la Agencia
Federal Antinarcotráfico como parte integrante del Subsistema de Inteligencia
Criminal que encabeza esa misma Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que
mantuvieron inoperante y acéfala, en el marco de un Sistema de Inteligencia
Nacional llevado a su colapso en 2014 por el mal uso del kirchnerismo y que
nunca desde entonces se ha recompuesto.
Y esa
ausencia de Inteligencia Nacional e Inteligencia Criminal que sigue padeciendo
la República Argentina, deja certeza respecto a que las fallas que puedan
exhibir los sistemas de Seguridad e Inteligencia, como así también el de
Defensa, no tienen por causa principal ni suficiente defectos de diseño
institucional, sino a la evidente intencionalidad de la dirigencia política para
que los sistemas no funcionen. Intencionalidad, porque a esta altura de la
historia no cabe la ingenuidad de atribuir el profundo daño institucional, la
degradación cultural y la miseria tanto material como moral del país a la mera
“incapacidad” de los políticos.
Deliberadamente
hacen aspavientos gatopardistas para aparentar que algo les interesa cuando no
tienen otro interés que dejar que todo siga empeorando.
6.- CONCLUSIÓN:
El
proyecto de creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico es otro aspaviento
gatopardista, algo que de aprobarse sólo servirá para paralizar todavía más la
lucha contra el narcotráfico excusando a la política de dar explicaciones
mientras formatea su invento. Y que aún implementándose correctamente no
serviría de nada, porque más allá del acto inaugural no hay ninguna intención
política de hacer que funcione, como lo demuestran un Sistema de Inteligencia
Nacional devastado, un Sistema de Seguridad Interior vacilante y un Sistema de
Defensa reducido casi a la formalidad ceremonial.
Ariel
Corbat, La Pluma de la Derecha.
