PENSAR EN VOZ ALTA -lo que no quieren que pensemos-

El Derecho se supone por todos conocido. Pero eligen desconocerlo funcionarios de gobierno, fiscales y jueces. El sistemático incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que comenzó con el prevaricato judicial para juzgar militares ahora es masivo.

Toda la sociedad está pagando las consecuencias del prevaricato contra los militares que vencieron al terrorismo castrista. Al condenar militares la sociedad traicionó a quienes la defendieron. Cuando un país organizado sobre la idea de la Libertad condena a los defensores de su estilo de vida, al punto de lamentar la derrota de sus enemigos, se traiciona a sí mismo condenándose a no tener futuro.

En Argentina la civilidad toleró la revancha judicial de las organizaciones terroristas, como sintiendo culpa por haberse defendido de quienes querían hacer del país otra dictadura comunista con pretensiones de eternidad a imagen y semejanza de Cuba.

Y es por tolerar esa revancha que el Poder Judicial degradó a Poder Prevaricador anteponiendo la ideología del enemigo por sobre la Constitución Nacional. Así se violentaron las garantías del debido proceso, olvidando la irretroactividad de la ley penal y otros fundamentos básicos del derecho penal.

De esa forma Argentina atentó contra su propio ser abandonando la voluntad de prevalecer y el sentido común del país racional pensado por los constituyentes de 1853/60. Este reino del revés no se dio por generación espontánea, es producto de una larga acción subversiva, acelerada desde 2003 por el régimen kirchnerista a través de un orwelliano proceso de desmemoria colectiva y adoctrinamiento totalitario desde el uso faccioso de los recursos del Estado. 

Por eso hoy gran parte de la población está tan idiotizada que cree que es normal que en Argentina se viva como se vive. Casi nadie advierte ya que el país va tras la huella de Venezuela. Queremos creer que somos distintos, pero quienes detentan el poder en Argentina tienen el mismo discurso idiota que Nicolás Maduro y la política exterior no se decide en el Palacio San Martín de Buenos Aires sino en La Habana. 

Ya no somos un país soberano: Carecemos de servicios de Inteligencia porque no los necesita un país que no decide su propio destino. Tenemos Fuerzas Armadas reducidas a la formalidad burocrática porque no las necesita un país cuya diplomacia es subsidiaria de otra. Ninguno de los atributos de la soberanía tiene alguna realidad en la Argentina, ni siquiera el voto; viciado por un sistema desvirtuado en su esencia que hoy sólo sirve para fingir la legitimidad de una casta política que gobierna defendiendo sus privilegios.

El daño institucional, la degradación cultural y la miseria intelectual no se arreglaran votando. El sistema político argentino esta corrompido y viciado a extremos tales que no podrá sanearse por sí mismo. Entre otras razones porque la velocidad de la decadencia supera en mucho a los tiempos de la reacción legal. Cuando el antídoto legal llega, el daño ya está consolidado.

La pandemia fue la excusa perfecta para el golpe de Estado con el que el 19MAR20 el gobierno del régimen K, títere, golpista, corrupto, criminal y comunista, derogó de facto la Constitución Nacional, con la complicidad colaboracionista de la "oposición" cambiemita y el aval cobarde de la CSJN desertando de sus funciones.

Hoy no somos una República, sino un reino del revés donde el gobierno denuncia penalmente a ciudadanos que reclaman al Estado que actúe contra el delito y los fiscales se niegan a tomar denuncias argumentando que los actos de gobierno se presumen legales. Este nivel de absurdo equivale a interpretar que por la presunción de inocencia deben prohibirse todas las denuncias penales, entre otros y muchos disparates de toda clase.

Está más que claro que esto no se arregla votando, porque con dos años más así la Nación Argentina será recuerdo. La pérdida de identidad es intencionada, dirigida a reemplazar la nacionalidad por una supuesta plurinacionalidad que no es otra cosa que comunismo puro y duro.

No, esto no se arregla votando. Seguro no se arregla votando. Si tiene arreglo es por otra vía. Y tómese nota que digo "si tiene arreglo" porque es posible que ya sea tarde para cualquier reacción, por el costo necesariamente alto que requiere hacer lo que debe hacerse.

Escribo esto como pensando en voz alta, para ver si otros pueden pensar el asunto mejor que yo. Así que ayudémonos a pensar:

Supongamos un desborde de criminalidad que supere la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales y de seguridad. En ese caso, no sería sensato que las FFAA deban permanecer en los cuarteles mientras no aparezca un enemigo exterior. 

Esto es algo tan claro como la propia razón de ser de las FFAA y su función de reaseguro del monopolio de la violencia que debe conservar el Estado para poder existir. Algo de toda lógica y ratificado por la Ley 24.059 de Seguridad Interior que las contempla como recurso en su Título VI: "Del empleo subsidiario de elementos de combate de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior".

Ahora bien, ni la Constitución ni las leyes de la República dictadas en su consecuencia, procuran sostener el monopolio de la violencia como fin último, ese decir a lo que resulte de ello o al capricho del eventual gobierno, sino como requisito para la existencia organizada de la Nación Argentina y su estilo de vida basado en la Libertad.

Por esa misma razón, si un gobierno pese a surgir de iure se deslegitima transformándose en régimen por  gobernar para subvertir el orden constitucional amenazando la continuidad de la Nación Argentina, ni la ciudadanía ni las FFAA le deben obediencia. 

El 19MAR20 el gobierno kirchnerista, pretextando pandemia, dio un golpe de Estado contra la Constitución Nacional al derogarla de facto con la complicidad colaboracionista de la oposición parlamentaria cambiemita y la cobarde deserción de la CSJN que abandonó su función tolerando un estado de sitio de facto con el que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades negadas por los constituyentes, quienes aborrecían la suma del poder público y las facultades extraordinarias al punto de considerarlas infame traición a la Patria. Es, además, una cuestión de la más elemental lógica jurídica que ninguna pandemia, por grave que sea, confiere Poder Constituyente al poder constituido.

Desde el 19MAR20 el incumplimiento masivo de los deberes de funcionarios públicos en los tres poderes del Estado que avalan con sus conductas el golpe de Estado K, tanto a nivel nacional como provinciales, pone la vida de los argentinos bajo el arbitrario capricho de funcionarios subversivos.

Se pretende, y buena parte de la población acepta, que en lugar de vivir al amparo de los derechos, garantías y libertades reconocidos por los constituyentes, los argentinos, temerosos de extinguirse resfriados, se reconozcan incapaces entregándose al "cuidado" de la casta.

Esa autoatribución de facultades es lesiva del Art. 29 de la Constitución Nacional, que reza: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

Y arrogándose atribuciones que los constituyentes aborrecen, el gobierno subversivo no sólo concentra poder sino que lo usa contra la Nación Argentina. 

Así, la denuncia penal del ministerio de Seguridad de la Nación contra vecinos que pedían hacer cesar las usurpaciones mapuches, expone la complicidad gubernamental con el secesionismo mapuche y la intención de desaparecer a la Nación Argentina al licuarla en un supuesto Estado plurinacional.

Entonces se hace imprescindible, si es que queremos seguir siendo argentinos, pensar en el derecho de resistencia a la opresión y en el rol de las FFAA. Aquí no hay una grieta de matices por preferencias políticas entre tal o cual partido, aquí hay fundamentos filosóficos incompatibles que impiden la convivencia. ¿Qué se puede negociar con quienes creen que robar está bien? ¿Cómo puede aceptarse que gobiernen la Argentina los que lamentan que, Roca mediante, la Patagonia sea territorio nuestro? 

Son ellos o nosotros. Con o sin FFAA, esto no se arregla sin sacrificio. Los venezolanos dejaron solo a Oscar Pérez y perdieron su país.

Cierro este largo pensar en voz alta con dos preguntas:

¿Quedan patriotas, civiles y militares, en Argentina?

¿Cuándo sino ahora nos corresponde honrar la palabra empeñada al jurar defender la Constitución Nacional?

Ayudémonos a pensar y obrar como se debe.

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,

un liberal que no habla de economía.