La cuarentena dispuesta por el gobierno nacional implica la suspensión en forma generalizada del ejercicio de derechos garantizados por la Constitución Nacional a todos los habitantes del país. Se trata de un estado de sitio de facto, dispuesto sin respetar lo mandado por la Constitución Nacional.
Sin haber declarado el estado de sitio, el gobierno kirchnerista de Alberto de la Fernández obliga a la población a resignar derechos y someterse a trámites que, al ser cumplimentados, conceden poder constituyente al gobierno constituido.
Es cierto que una buena parte de la población, los que no sienten ningún apego por el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional, entre los que se encuentran los militantes del kirchnerismo, se someten con gusto a esas limitaciones a la Libertad; como también lo es que otro amplio sector cumple la arbitraria e inconstitucional normativa sintiéndose extorsionados, porque la fuerza pública volcada a la calle los intimida con el riesgo de no pasar algún control y perjudicar a las personas que dependen de ellos.
Este contexto sería una excelente ocasión para solicitar la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, pero ese órgano constitucional se encuentra acéfalo y por ende inutilizado desde hace más de 10 años. Así de profundo y evidente es el daño institucional que exhibe la República Argentina.
Frente a este cuadro se hace necesario ejecutar actos de desobediencia civil responsable, que practico y promuevo, contra la irracionalidad e intención antidemocrática con que el gobierno nacional (servilmente acompañado por el resto de la casta política) ha elegido utilizar la pandemia de peste comunista.
La resistencia responsable debe implementarse con acciones pacíficas, al estilo y con la convicción de Gandhi, meditadas y emprendidas con la determinación de soportar pasivamente una eventual respuesta violenta, ya sea que esta provenga de la histeria civil o de alguna sobreactuación uniformada. Decenas, centenares, miles de acciones mínimas, insignificancias que, sin transgredir la racional prevención que impone la pandemia, pongan en evidencia la irracionalidad del dispositivo gubernamental, demostrando lo ridículo e insostenible del cuadro.
Siguiendo esa premisa, en estos días salí de Vicente López al volante de mi auto. Pasé por donde había algunos controles sin que se me requiriese el "permiso" que concede a los súbditos su graciosa majestad kirchnerista para circular, pero los puestos establecidos en la calle son muchos y alguno tenía que funcionar. Así que tuve este dialogo de ojos tras barbijos con un oficial del orden:
- Su permiso para circular, por favor.
- Aquí tiene oficial -dije exhibiendo registro de conducir y DNI-.
- No caballero, el permiso para circular por la pandemia.
- No lo tengo.
- Tiene que tramitarlo.
- No. No voy a tramitarlo.
- Entonces voy a tener que proceder a labrar la infracción.
- Usted haga lo que tenga que hacer oficial.
Luego de cinco segundos en silencio sosteniendo las miradas por encima de los barbijos, el oficial decidió:
- Circule. Tenga usted un buen día.
- Igualmente, oficial.
No obtuve mi diploma de infractor a la cuarentena en esta ocasión, tal vez la próxima.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.
Estado Libre Asociado de Vicente López