1.- CRISTINA CAAMAÑO A CONTRAMANO DE LA LEY
El 14 de septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) publicó en su página web que por resolución de la interventora Cristina Caamaño se dispuso la baja del convenio que el organismo había suscripto con el Servicio Penitenciario Federal en el año 2018.
Al respecto, sostiene Caamaño que “las misiones asignadas a la Agencia no tienen vinculación alguna con las funciones asignadas al Servicio Penitenciario Federal que permita un punto de encuentro entre ambos organismos”.
La Ley de Inteligencia Nacional afirma exactamente lo contrario.
En efecto, la Ley 25.520 del año 2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 27.126 del año 2015, establece y define, en el Art. 2º Inc. 5, al Sistema de Inteligencia Nacional como el conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la AFI a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.
Luego el Artículo 6º indica que son organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
El Artículo 7º, cuyo texto es producto de la reforma kirchnerista del 2015, es por demás significativo para apuntalar la falacia en que incurre Caamaño, pues reza: “La Agencia Federal de Inteligencia será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y dirigirá el mismo, abarcando los organismos que lo integran”. Es decir que la AFI dirige y abarca el Sistema.
Dentro de ese Sistema, el Artículo 9º sitúa bajo la órbita de la DNIC al Subsistema de Inteligencia Criminal en el que reporta el área “de inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal”.
Lo que la Ley claramente establece y expone es que el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal es parte del Sistema de Inteligencia Nacional que dirige y abarca la AFI.
Eso habilita dos consideraciones sobre el punto en cuestión. La primera es que el convenio nunca debió haberse firmado, por la sencilla razón de no ser necesario. Siendo que la AFI dirige y abarca el Sistema de Inteligencia Nacional no tiene nada que convenir con ninguno de sus componentes. Dispone y punto. Es un viejo y sabio principio de Inteligencia y Contrainteligencia no generar documentos innecesarios y operar siempre con la mayor discreción posible. Y no por las condiciones del presente, sino por las que pueden ser las variantes del futuro, donde nunca es recomendable tropezar con el pasado.
Como Presidente Mauricio Macri jamás entendió ni proyectó la importancia de la Inteligencia de Estado, la subestimó y la despreció sin incorporarla como rutina a su proceso de toma de decisiones. En consecuencia la gestión macrista, a través de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se caracterizó por un amateurismo cargado de soberbia desoyendo todas y cada una de las advertencias formuladas por profesionales. Que fueron muchas.
La segunda consideración es que el motivo pretextado por Caamaño para dejar sin efecto el convenio de marras es todavía peor que el amateurismo macrista. Evidencia desde la intervención de la AFI la intención de desconocer y contrariar de plano la ley por parte del gobierno kirchnerista, el mismo gobierno que desde el 19 de Marzo de 2020 dejó sin efecto la Constitución Nacional.
Más allá que el derecho se reputa por todos conocido Cristina Caamaño es abogada y ha sido fiscal, por ende sería absurdo atribuir sus decisiones al desconocimiento de la ley. No desconoce la ley y por eso mismo tampoco ignora la dimensión funcional de lo que debe dirigir y abarcar la AFI. Consecuentemente no hay error conceptual en el entendimiento de lo que juzga incompatibilidad de funciones entre AFI y el Servicio Penitenciario Federal, sólo hay una alevosa mentira para hacer lo contrario de lo que la ley manda y que revela, al igual que otras de sus decisiones como interventora, que no fue puesta allí para que el Sistema de Inteligencia Nacional funcione sino para destruirlo.
Lo que argumenta Caamaño convalida y profundiza el daño al Subsistema de Inteligencia Criminal hecho por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. El delito es una red de relaciones complejas y no se puede desconocer en su dinámica operativa la relación entre la cárcel y la calle. La Inteligencia Penitenciaria es vital para comprender y anticipar la actividad delictiva, con proyecciones de gran utilidad para todos los componentes del sistema.
Es sintomático de la indecencia del kirchnerismo, en tanto proyecto totalitario de corrupción estructural, su afinidad con la delincuencia. Aflora en cada decisión de gobierno como una constante preocupación por subvertir el orden y otorgar derechos a los criminales en perjuicio de los ciudadanos.
La pregunta es: ¿por qué un presidente avalaría la destrucción del sistema de Inteligencia que debe fundar sus decisiones? Pues sencillamente porque no toma decisiones, hace de presidente pero no lo es. Aquí se está subvirtiendo el orden constitucional bajo dirección castrista, y tan claro como que Alberto Fernández no es quien toma decisiones, cae de maduro, muy maduro, que un presidente castrado no necesita que la AFI haga inteligencia.
2.- COMO PERRO QUE SE MUERDE A SÍ MISMO
Hace unos 2400 años el General chino Sun Tzu, en “El Arte de la Guerra” enseñó que “cada asunto requiere un conocimiento previo” y esa es la la base fundacional de la actividad de Inteligencia. Inteligencia es, muy simplemente, el proceso racional que antecede la toma de decisiones, consistente en reunir y analizar información para esa finalidad y previendo escenarios futuros.
En el ordenamiento jurídico argentino la Ley 25.520, con las modificaciones de la Ley 27.126, define como “Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación”.
Si el concepto expone la naturaleza racional de la actividad de Inteligencia, de esa misma racionalidad se desprende un lógico y necesario deber de discreción. De allí que la disciplina del secreto sea el pilar ético y funcional de todo servicio de Inteligencia.
Ahora bien, contrariando tanto la lógica universal de la actividad de Inteligencia, como los preceptos específicos del derecho argentino y hasta el más elemental sentido común, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), puesta por el gobierno krichnerista bajo la intervención de Cristina Caamaño, hace el ridículo denunciándose penalmente a sí misma hasta por haber hecho su trabajo bajo un gobierno de otro signo político.
Particularmente ridículo y grave es el circo montado por Caamaño y el ministro de Defensa Agustín Rossi, el pasado 23 de Septiembre, para denunciar lo que consideran espionaje ilegal de la AFI durante la Presidencia de Mauricio Macri a familiares de los tripulantes del Submarino ARA San Juan, entre enero y junio del 2018 cuando el destino de la nave todavía era incierto. Ridículo porque no se trata de espionaje ni delito alguno. Grave porque con la denuncia pretende el kirchnerismo usar a los familiares de los marinos del ARA San Juan del modo más miserable.
“A los pocos días de haber perdido a sus hijos y sus hermanos, los familiares fueron objeto de un espionaje hecho con recursos del Estado cuando se reclamaba que se siguiera la búsqueda. Es un hecho inhumano”, apuntó Rossi. “Hecho inhumano” califica el mismo Agustín Rossi que unos días después de la Tragedia de Once, dando fe de kirchnerista, cristinista y hasta citando al Che Guevara, sostenía que: “Por estas horas se han despertado muchas especulaciones que poco tienen que ver con un abordaje serio de la tragedia de Once y entran en el fangoso terreno de la especulación política”.
Los informes anticipaban al Presidente que los familiares le iban a preguntar sobre la búsqueda, pero también sobre las órdenes de partida del submarino y que le reprocharían por sospechar que se les estaba ocultando información. Y por ello se horroriza Caamaño, quien hace de su intervención en la AFI un constante show; como si pudiera seguir siendo fiscal chapoteando un festival de denuncias. Ni siquiera al genial Mel Brooks se le pudo ocurrir un capítulo del Superagente 86 en el que una interventora denunciara a CONTROL por informar al Presidente; disparates así solamente en esta Argentina.
Y entonces cabe recordar que según María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, los familiares de la tragedia de Once que se reunieron con Cristina Fernández, quien los fue recibiendo por grupos, “salían todos enojados, mal. Se les ofrecían planes sociales y se los maltrataba”.
Con estos antecedentes, caben algunas reflexiones. Antes que cualquier otra cosa, la pérdida del ARA San Juan es un asunto de Estado, por ende todo lo que en su consecuencia exige una decisión presidencial es materia de Inteligencia. Es ridículo que la AFI se dedique a denunciarse por hacer su trabajo.
Siempre que uno hace algo, por el motivo que sea, hay otro que toma nota. Ese otro puede ser la AFI, y no da para sentirse "espiado" o mucho menos "perseguido". Ej: Si pido ver al Presidente es lógico no me reciba a ciegas. Debe ser informado de quién soy y que pretendo antes de siquiera decidir recibirme. ¿O alguien supone que a los familiares de las víctimas de Once que Cristina Fernández recibió en Olivos y en la Casa Rosada los recibió sin ser informada de quiénes eran y sus planteos concretos más allá del dolor?
Y digo: Sería irrespetuoso, insensible e inepto para el cargo, cualquier presidente argentino que ante una tragedia no exija información, previo a reunirse con víctimas o deudos, para responder de la mejor manera posible a sus expectativas. Que en la reunión responda bien o mal, ya es otro asunto: Inteligencia informa, no decide, pero que la AFI haya adelantado a Mauricio Macri los reclamos que harían los familiares de los marinos, o a Cristina Fernández los de los familiares de Once, es enteramente correcto. Así debe ser. Y no se trata de espionaje sino de recolectar información, algo muy similar en la práctica a lo que rutinariamente hace cualquier periodista.
Esos que quieren hacer creer que los servicios de Inteligencia no deben monitorear nada ni a nadie, son los primeros que los llaman inútiles cuando cualquier situación escala a niveles problemáticos por falta de información.
Es Caamaño quien delinque al exponer la labor de la AFI con una denuncia inconsistente. La impunidad con que Cristina Caamaño violenta las leyes en su afán de destruir al Sistema de Inteligencia Nacional es la propia impunidad de un país en decadencia gobernado por políticos que se empeñan en despreciar la racionalidad, donde no funciona la Bicameral de Inteligencia y ninguna voz se alza en defensa de Sistema de Inteligencia Nacional para reclamar que sea eficiente.
Moralmente, lo más repudiable en este lamentable asunto es la falsa sensiblería con que el gobierno kirchnerista pretende manipular, para la más despreciable politiquería, el dolor en las familias de los 44 submarinistas del ARA San Juan. Esa es una particular y extrema indecencia, porque Ilógico, absurdo e inhumano, hubiera sido que Mauricio Macri "saraseando" la incertidumbre por sus seres queridos les hubiese regalado perritos.
3.- EN MANOS DEL ENEMIGO
En todo país cuya organización contempla la posibilidad de la alternancia política, las instituciones son pensadas como una continuidad histórica que no se interrumpe con cada cambio de gobierno.
Hace al patriotismo, a la madurez política y a la confiabilidad -tanto interna como ante terceros países- de cualquier Nación, el cuidado racional para proyectar sus instituciones; especialmente aquellas que tienen importancia como manifestación y atributo de país soberano. Los servicios de Inteligencia son de esa clase de instituciones. Un país es soberano cuando decide por sí mismo y los servicios de Inteligencia contribuyen a la calidad de esas decisiones.
Israel no sería un país soberano si descuidara al Mossad. Y tampoco lo sería Suiza si descuidara su Servicio Federal de Inteligencia. Citar un país en conflicto permanente y otro que encarna la neutralidad ilustra la necesidad de la Inteligencia en todo tiempo y lugar, porque contar con servicios de Inteligencia es esencial para el buen gobierno de los Estados soberanos en cualquier circunstancia.
Esta breve introducción sirve para advertir que el perfecto disparate que en todos los órdenes viene siendo la Argentina, gobernada como si la aspiración nacional fuera ser reconocida como El Reino del Revés, supera la grosería en materia de Inteligencia.
Nuestra Constitución Nacional considera que hay secretos que merecen ser protegidos. Explícitamente lo dispone para el voto y para las fuentes de información periodística. Y esto basta para dejar claro que lo secreto no es ni remotamente sinónimo de espurio. Luego, implícitamente, es un valor sobreentendido en la organización nacional dispuesta por los constituyentes que determinados asuntos de Estado, por su propia naturaleza como las previsiones de guerra, imponen la necesidad de conservarse secretos. Y ello no lesiona a la publicidad de los actos de gobierno como característica de una República, simplemente conserva la racionalidad y discreción que requieren el manejo de la diplomacia, las fuerzas militares, la seguridad y otras cuestiones de importancia para el mejor cuidado de los intereses de la Nación.
Tanto así que un Presidente puede ser acusado ante el Senado y destituido por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones si perjudica al país haciendo públicos secretos de Estado, pues en el mismo momento de asumir como tal se le exige, por el Artículo 93 del texto constitucional, prestar juramento de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".
Luego, distintas leyes receptan la protección de lo que debe conservarse secreto en variados ámbitos de la vida social, penalizando la deslealtad de quien vulnera el secreto que le fue confiado. Una de esas leyes, por supuesto, es la Ley Nacional de Inteligencia.
Dicho esto, es inadmisible que la Agencia Federal de Inteligencia haya dejado expuestos, con la excusa de responder un requerimiento judicial, datos que exceden en mucho el objeto de la causa. Y peor aún: la intencionalidad de baja politiquería es evidente cuando lo que se ventila es el Libro de Actas que resume la vida administrativa de la AFI de Diciembre de 2015 a Enero de 2019, prácticamente todo el período presidencial de Mauricio Macri. Como si la AFI debiera mutar su existencia y empezar de cero ante cada alternancia de poder.
Inexcusable responsabilidad del actual gobierno, porque el Artículo 16 de la Ley 25.520 pone en cabeza del Presidente de la Nación, o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, autorizar el acceso a documentación con clasificación de seguridad.
Las Actas en cuestión fueron enviadas a la Justicia en bruto, sin deslindar y proteger la información que no hace al objeto de la causa, igual que si fueran las actas de alguna sociedad de fomento. Pero como no son actas de una sociedad de fomento, era más que previsible que se filtraran y pasara lo que pasó. Hoy esa información circula libremente, se encuentra a disposición de cualquier servicio de Inteligencia y es analizada por los de aquellos países con intereses relacionados al nuestro. Que saben interpretarla.
Puede haber responsabilidad del juzgado o de la fiscalía, pero la responsabilidad primaria e ineludible es de Alberto Fernández, quien nombró interventora de la AFI a Cristina Caamaño, alguien que desde ese rol ha dañado severamente la ya endeble credibilidad institucional de la Argentina. ¿Es Argentina un país confiable? No. En ningún ámbito, en ningún sentido positivo. Y el gobierno es tan falto de lealtad que traiciona a sus agentes de Inteligencia. Discreción cero. Confiabilidad nula.
En un mundo donde la cooperación interagencial entre países es una necesidad creciente este tiro al pie de la AFI hará que por muchos años ningún otro servicio de Inteligencia la considere confiable. No hay ninguna razón de Estado que pueda justificar la violación del secreto en la que incurrió Cristina Caamaño al descuidar desde la intervención de la AFI nombres, estado y funciones de agentes de Inteligencia. Se pretenderá alegar la transparencia como justificación, pero la estupidez no es transparencia y la traición tampoco.
Si en lugar de “casta política” Argentina tuviera “dirigencia política”, la preocupación sería discernir la responsabilidad de Alberto Fernández; comenzando por establecer si Cristina Caamaño y sus laderos son un montón de ineptos o agentes enemigos.
Finalmente, no se requiere la imaginación de John le Carré para entender que cuando al gobierno de un país lo domina el enemigo (ese mismo enemigo que dirigió organizaciones terroristas y fue vencido por las armas), pasan cosas como difundir la lista de los agentes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino (2010) o las actas de la AFI (2020).
4.- EL MITO DE LA INTELIGENCIA PROHIBIDA
Entre los males de padecer una "casta política" en lugar de contar con "dirigencia política", es particularmente grave el desconocimiento generalizado sobre el significado e importancia de la Inteligencia como proceso racional que antecede la toma de decisiones.
A todo habitante del país lo perjudica que los gobiernos tomen decisiones sin fundamentos de Inteligencia. Cuando se decide sin método racional, a prueba y error o directamente por capricho personal o ideológico no se proyectan las consecuencias de lo decidido y el acierto depende puramente del azar.
Desde una simple mirada a nuestro presente podríamos decir que la fortuna no nos ha favorecido. Pero eso tampoco sería cierto: no puede favorecernos si hacemos hasta lo imposible por esquivarla. Cargamos, como sociedad, con el peso de decisiones irracionales que condicionan nuestro futuro. La casta política que mal gobierna la Argentina se ha encapsulado tanto en su propia ignorancia que no cobra dimensión alguna de la gravedad de sus acciones. Viven, a expensas nuestras, una realidad alterna. Y eso, debemos reconocer, habla muy mal de todos nosotros.
Ya que la confusión es lo que permite a la casta política conservar sus privilegios, entre otros mitos, creencias y supercherías varias, se repite como si fuera un saber que “en Argentina está prohibido hacer Inteligencia interior”. Ese mito es falso y desconoce tanto el orden jurídico argentino como la realidad de un mundo globalizado donde lo interior y lo exterior se comunican necesaria y permanentemente en todos los ámbitos.
Los sostenedores del mito suponen que la única finalidad de la inteligencia es neutralizar enemigos, lo que los lleva a confundir “servicios de Inteligencia” con “policías del pensamiento”; cuando no son ni remotamente lo mismo.
De allí que, como influenciados por fantasías cinematográficas, den por sentado que la atención de los servicios sólo debe recaer sobre sospechosos de ser terroristas, criminales o agentes enemigos, y que toda indagación sobre personas no sospechadas de ello implica una persecución inaceptable. Y eso no es cierto, porque eventualmente buenos ciudadanos pueden quedar bajo observación de los servicios de Inteligencia sin que se dude de su honestidad ni se les desee ningún mal y sin que ello signifique perjuicio o demérito alguno.
Por esa misma ignorancia del concepto de la Inteligencia, se confunde “espiar”, que es una actividad muy específica, con lo que simplemente es recolectar información, de allí que diga Alberto de la Fernández, sin mayor razonamiento y para una tribuna que no razona: “hoy no hay ningún argentino espiado, y si yo alguna vez encontrara en la AFI a alguien haciendo una cosa semejante, el primero en someterlo al debate público sería yo”. El show montado por Caamaño y Rossi para acusar a la AFI de “espiar” a los familiares de los marinos del ARA San Juan, es elocuente para ilustrar la falacia del que hace las veces de presidente al confundir recolectar información con espiar.
Luego cabe preguntar: ¿será lo correcto que no haya ningún argentino siendo espiado?
El mito de la prohibición de hacer inteligencia se apoya en una lectura superficial de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional que en su Artículo 4º, Inc. 2 dispone que ningún organismo de Inteligencia podrá: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Lejos de establecer la tan mentada prohibición de hacer Inteligencia interior, el citado inciso busca razonablemente asegurar que se haga Inteligencia orientada por motivos fundados y no por generalidades de un universo inabarcable, por eso el texto incluye 5 palabras que cierran un concepto clave: "por el solo hecho de". Para quienes no reparan en esa breve expresión aclaratoria los servicios de Inteligencia no podrían ni siquiera leer los diarios sin violentar la ley, con lo cual se caería en el colmo del absurdo: un sistema de Inteligencia dedicado a huir de la información y mantenerse en la más completa ignorancia.
Ante ese absurdo irracional, es preciso recordar que la actividad de Inteligencia existe desde mucho antes que fuera institucionalizada, tanto así que si se derogase la Ley Nacional de Inteligencia, el Presidente de la Nación Argentina no quedaría impedido de seguir contando con un Servicio de Inteligencia, porque la racionalidad de las decisiones hace al buen desempeño de su cargo y el Artículo 99 de la Constitución Nacional le confiere atribuciones suficientes, como “jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, para organizarlo por su cuenta. La existencia misma del país le impone a su gobierno la necesidad de informarse, y las decisiones que debe tomar el Presidente de la República abarcan un sinfín de posibilidades.
Por ejemplo: para designar un encargado de negocios en un país en conflicto donde en lo inmediato se arriesgan intereses económicos argentinos, pueden cobrar relevancia aspectos de los candidatos que normalmente serían ignorados y que son los enumerados por la ley: raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales, laborales, así como toda otra actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Si alguna de esas cuestiones, que en nada afectan la honorabilidad de los candidatos, pudiera afectar intereses argentinos el presidente debe saberlo y ponderarlo antes de decidir. Lo mismo aplica si debiera designarse, por caso, interventor federal en una Provincia convulsionada. Y siempre será el Presidente quien decida: porque Inteligencia informa, no decide.
Cierro estas consideraciones deseando contribuyan al entendimiento ciudadano de la Inteligencia de Estado como lo que realmente es: una actividad tan necesaria como vital para las instituciones republicanas, otro resguardo de nuestra Libertad, racional, simple y honorable.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asociado de Vicente López
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