Botella a la mano y empinando el codo promete el borracho que será la última curda. Y por supuesto miente, aunque crea su propia mentira. Más aún, toma y obliga a algún otro a mandarse un trago, porque como todo adicto necesita enviciar al resto, compartir el fracaso de vivir y sentir que los demás son tan culpables como él. Incluso más.
El Tango ha contado esas historias una y mil veces, pero nunca es suficiente. Siempre hay un borracho nuevo mintiendo. Y el punto, al fin, no es la ebriedad sino el engaño que hace a la mentira.
Se conoce como "Pacto de Olivos" al espurio toma y daca acordado entre Carlos Ménem y Raúl Alfonsín que derivó en la Reforma Constitucional de 1994. El riojano se sentía dueño del poder y quería la reelección, al bonaerense en cambio el poder se le había escurrido anticipadamente entre los dedos y lo extrañaba. Lo extrañaba horrores, aunque fingiera lo contrario.
La dirigencia política, cual borracho prometiendo abstinencia, vendió la Constituyente a la ciudadanía como una modernización que aseguraría el cumplimiento de la Constitución Nacional, una especie de "ahora sí".
Largo y ocioso al efecto de este artículo sería enumerar las reformas con sus consecuencias negativas. Digamos, simplemente, que la Constitución se empeoró. Pero aún así es nuestra Constitución Nacional y hay que cumplirla. El problema es que las promesas de los borrachos sobre enmendar su conducta rara vez se cumplen, el tiempo las mata.
Y así, el Defensor del Pueblo de la Nación, órgano constitucional establecido por la reforma de 1994, cumple 10 años acéfalo. Una década sin que el Congreso Nacional se digne cubrir la vacante dejada por Eduardo Mondino al renunciar al cargo el 6 de Abril de 2009. Desde entonces el Defensor del Pueblo de la Nación es un personaje tan ficticio como el Chapulín Colorado.
¿Por qué? Porque el conjunto de la dirigencia política no tiene ningún interés en cumplir con la Constitución Nacional. Ni los jueces el empeño necesario para hacerla cumplir. Un desinterés que evidencia continuidad entre Cristina Fernández y Mauricio Macri.
La acefalía evidente de la Defensoría del Pueblo de la Nación le impide a ese órgano iniciar nuevas presentaciones ante la Justicia, por ser constitucionalmente el Defensor del Pueblo quien tiene la exclusiva legitimación procesal para hacerlo.
Tener un órgano constitucional inutilizado durante 10 años es de una gravedad institucional enorme, pero que ello no genere ni un murmullo escandalizado refleja algo todavía más preocupante: la ignorancia de los que deberían ejercer la ciudadanía.
La dirigencia política crea estructuras que convierte luego en grasa inútil del Estado. Eso sí, porque todo borracho gusta de las promesas, los mismos incapaces de cumplir con el texto constitucional que ellos mismos modificaron, nos quieren hacer creer que el problema es que hay que volver a reformar la Constitución.
La idea de otra reforma constitucional está en el discurso de dirigentes políticos de todos los espacios. Son tan cínicos como para querer convencernos que no cumplen la Constitución por culpa de la propia Constitución. Como el borracho que dice ser borracho por culpa de la botella...
Ojalá no seamos tan idiotas como parece que somos. Que nos curen de espanto estos diez años de acefalía del Chapulín Colorado, ¡perdón!, del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.
Estado Libre Asociado de Vicente López
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