El título de la nota de Andrés Klipphan en Infobae es una afirmación estridente: "Exclusivo: la Armada Argentina realizó inteligencia ilegal sobre el sistema de defensa británico en Malvinas".
La liviandad con que la prensa argentina suele asociar Inteligencia a ilegalidad es un indicador más de la democracia berreta, en todos los órdenes, que supimos conseguir.
Desde el sentido común, en su elemental acepción, suena raro calificar como ilegal a actividades de la Armada Argentina que contribuyan a hacer Inteligencia sobre la potencia que usurpa por la fuerza militar territorio argentino. Y eso que anticipa el sentido común, se confirma luego desde lo jurídico evidenciando las inconsistencias de la nota.
Asevera Klipphan (con el destacado en negrita que le pertenece) que "La Marina, por sí sola, no podría realizar este tipo de operaciones ya que lo tiene prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ya que la Armada no pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional. Solo lo podría realizar si la orden habría sido dada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que depende del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad".
Al menos tuvo Klipphan la prudencia de escribir en potencial "no podría", un atisbo de duda que debió haber seguido.
Interpretar la normativa legal en materia de Inteligencia requiere tanto conocimientos jurídicos como una cabal comprensión del Sistema de Inteligencia Nacional. Ningún periodista está obligado a entender ambas cosas, pero sí a consultar fuentes especializadas. Aquí el periodista se ha limitado a hacer suyas afirmaciones de parte interesada y el resultado es un artículo inconsistente.
La marina participa del Sistema de Inteligencia Nacional a través de su servicio de Inteligencia, que por supuesto no es un compartimento estanco dentro de la Armada sino que por razones institucionales y del más estricto profesionalismo militar trabaja en forma mancomunada con el resto de los componentes de la fuerza. Esa cercanía implica una constante rutinaria que, por ser tal, obedece a planes basados en directivas generales a observarse en determinados plazos y sostenerse en el tiempo, ya que ninguna operación militar prescinde del aporte de Inteligencia Militar. Siendo esas directivas de carácter reservado, obviamente, no las conozco; pero difícilmente puedan vetar actividades como las que Klipphan pretende ilegales.
La Ley de Inteligencia, establece al respecto, en su artículo 10, in fine, que: "Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica".
El Servicio de Inteligencia Naval recibe de esa manera la atribución de una incumbencia profesional específica y la orden legal de ejecutarla. Ninguna de las actividades que Klipphan intenta presentar como ilegales parece fuera de norma.
Más aún: ningún oficial de la Inteligencia naval británica podría llegar a sorprenderse por la obviedad que preocupa al periodista cuando, otra vez resaltando en negritas expresa: "Lo concreto es que la Armada Argentina, a través de distintas operaciones, intentaba mantener actualizadas las posiciones del sistema defensivo de Reino Unido en un territorio por el cual la Argentina sigue reclamando la soberanía ante los organismos internacionales y la vía diplomática". ¡Chocolate por la noticia!
Si fuera por seguir el criterio restrictivo que sostiene Klipphan debería bloquearse el acceso de las computadoras de la Armada a páginas como Marine Traffic. No vaya a ser cuestión que referenciar buques civiles permita sacar conclusiones sobre barcos de guerra; afectando con ello la sensibilidad kelper de algunos argentinos...
En función de lo señalado, carece de total sustento afirmar, como hace Klipphan que "se violó la Ley de Inteligencia" y citar para ello el artículo 11 de la Ley 25.520 que refiere a otros supuestos, completamente ajenos a la cuestión tratada y lo obrado por la Armada a través de su servicio de Inteligencia.
Tampoco hay violación alguna del tratado de Madrid, puesto que las actividades de Inteligencia no constituyen necesariamente un acto hostil y nada demuestra que el ARA San Juan haya interferido o perturbado en modo alguno los sistemas de comunicación y de detección de la contraparte británica que, por cierto, es la única que podría llegar a pronunciar alguna reclamación al respecto; cosa que no creo que ocurra; entre otras razones porque los ingleses entienden de Inteligencia. Y nunca la resignan; esas claudicaciones las dejan para países imbecilizados.
Espero que la Armada y el Ministerio de Defensa sepan aclarar la cuestión, a pesar de las desprolijidades que vienen evidenciando.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asocido de Vicente López