La regla para la buena convivencia de los argentinos es una sola: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Lamentablemente somos lentos de entendedera, la letra ni con sangre nos entra y todavía la Constitución Nacional es más una sugerencia que la ley suprema de la Nación Argentina. De hecho, si resolver problemas fuera para los argentinos una experiencia más interesante que hablar de ellos, la sentencia de Ortega y Gasset: "argentinos a las cosas" no conservaría su brutal elocuencia.
No hay asunto del presente que sea realmente un problema nuevo. Literalmente, nos venimos cocinando en nuestra propia salsa, que a esta altura ya es un caldo viscoso de refritados indigeribles. Nuestra manía por el pasado no es la virtud de honrar la historia, sino el vicio de evitar su progreso. En las últimas elecciones, por caso, descubrimos que Perón no votó a Taiana. Lo que habla muy bien de Perón... Ya ven, yo también soy parte de esto mismo que critico. Soy argentino, ¿qué esperaban?
Pero, aún siendo parte, diré en mi defensa que hay diferencia entre vivir en el pasado y aprender del pasado, porque según se elija una cosa o la otra en el presente, encontraremos en el futuro viejos problemas o nuevos desafíos.
El "Caso Maldonado" es un buen ejemplo. Empecemos por un principio lejano:
Allá por Abril de 1819 el Soberano Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sud América alumbró una Constitución Nacional que se apagó rápidamente. Aquellos constituyentes, al pretender fundar la organización del país, pensaron el modo de resolver problemas de su época y en ese contexto propusieron:
Artículo CXXVIII.- Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal bajo cualquier pretexto denominación que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado.
Dada la garantía de igualdad ante la ley, que el mismo texto constitucional consagraba, este artículo 128 era superfluo, pero reconocía un problema, el atraso o inferioridad de los aborígenes y se proponía resolverlo con políticas activas. Obsérvese que aquello no se planteaba como algo permanente sino transitorio y con un plazo determinado por el objetivo a alcanzar: "hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado".
Como si hubieran leído "El asedio a la modernidad" de Juan José Sebrelli (Editorial Sudamericana - 1992) entendieron que: "Plantear el problema indígena como un caso de 'nacionalidades oprimidas' o 'razas irredentas' es disimular la pertenencia del indio antes que a una raza a una clase social: proletariado rural, subproletariado de los suburbios, clase residual de economías precapitalistas. La desigualdad económica y social que sufre el indio compete a la política y nada tiene que ver con la filosofía racial, la antropología cultural o el folclore. Los indios necesitan técnicas avanzadas para cultivar la tierra, educación, condiciones sanitarias, integración en la economía moderna" (obra citada pág. 288).
Ahora bien, con la desafortunada reforma de la Constitución Nacional de 1994, perpetrada por contemporáneos de Sebrelli, se engendró una solución distinta para el mismo viejo problema:
Artículo 75, Inciso 17.- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
En rigor de verdad, los constituyentes del 94, no encontraron una solución distinta sino que seducidos por la superficialidad del indigenismo, lo que implica ignorar o subestimar la gravedad de lo subyacente, decidieron perpetuar el problema encapsulándolo en guetos. Con un tremendo agravante, lo pensaron de 1994 para siempre y no, como se proponía en 1819, "hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado".
Contrariando la igualdad ante la ley, pareciera que la idea es que esos sectores de la sociedad lejos de integrarse armónicamente sean confinados a reservaciones en territorios cuya propiedad no pueden enajenar ni trasmitir, por la cual no se los puede gravar ni embargar y de la que deben compartir la gestión con el Estado tutor. Una reservación en la que más que el respeto a su identidad lo que prima es la segregación. Racismo puro, al amparo del "buenismo bien pensante" que alimenta la idiotez útil del progresismo.
Sirvan estos antecedentes históricos y jurídicos como necesaria introducción a la problemática en torno al "Caso Maldonado", que tampoco puede abordarse sin comprender lo que el régimen kirchnerista ha significado en términos de daño institucional, degradación cultural y merma intelectual de la Argentina, ya que la interpretación racional de los hechos estuvo durante 12 años atacada por el relato ideológico impuesto por un proceso orwelliano de desmemoria y adoctrinameinto colectivo. La inercia de ese proceso está corporizada en el cadáver de Santiago Maldonado, que tanto en su aparición como en su autopsia revela los intereses detrás de su muerte.
Desde hace muchos años se venía observando que el problema indigenista mapuche crecía y se radicalizaba en Chile, por lo que, inexorablemente, iba a sentirse de este lado de la cordillera a pesar de la integración de la comunidad mapuche argentina; poco propensa a reclamos radicalizados. Es evidente que, más allá del cruce de la frontera, características locales hacen distinto el juego a uno y otro lado de los Andes.
Hoy todos los argentinos sabemos, "Caso Maldonado" mediante, que tenemos un problema en el sur. Pero ese problema no es con los mapuches, sino con los mismos que a lo largo del kirchnerismo pusieron por encima de la Constitución Nacional a la doctrina de los derechos humanos, agitada como bandera para justificar toda clase de negociados y atropellos a la República.
La izquierda empeñada en replicar la dictadura castrista, a través de su repetidora automática que es el progresismo, ha impuesto el concepto genérico de "pueblos originarios" aludiendo a la existencia de supuestos sujetos colectivos de derechos que preexistentes a la Nación Argentina quedan al margen de sus leyes y soberanía. Claro que ni la expresión "pueblos originarios" existe en el texto de la Constitución Nacional, ni artículo alguno deja resquicio para que la Constitución se niegue a sí misma sometiéndose a otro poder, preexistente o no.
Lo que la Constitución Nacional reconoce es preexistencia étnica y cultural de los "pueblos indígenas argentinos", lo cual es mucho más especifico que "pueblos originarios". Cabe preguntarse si los mapuches califican como uno de los "pueblos indígenas argentinos" o simplemente son una colectividad más con inmigrantes y/o descendientes de tales. Pero ni siquiera esa es la discusión de fondo, porque en cualquier caso, la regla es la misma: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Argentina no tiene un "problema mapuche" como quieren instalar los fabricantes de guetos, lo que Argentina tiene es un problema con izquierdistas disfrazados de mapuches que operan a través de la organización secesionista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y cuenta con apoyo de intereses antiargentinos. El indigenismo de la izquierda busca la formación de guetos, porque allí se gesta y crece el resentimiento en el que se basa toda su ideología.
En función del territorio en el que la RAM pretende imponer sus reclamaciones, es dable indicar que al inciso constitucional arriba señalado, lo antecede el mandato al Congreso de "proveer a la seguridad de las fronteras" (Art. 75, Inc. 16), con lo cual queda claro cual es el encuadre que corresponde darle a la cuestión RAM: el de un problema de seguridad de fronteras.
La Ley 24.059 de Seguridad Interior contempla la creación de un Comité de Crisis para cuando "estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada" o "se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal". Aplica al caso.
Reiterando lo expresado en una nota anterior: Ahí está el instrumento previsto por el legislador para enfrentar esta situación: convocar a través del Consejo de Seguridad Interior un "Comité de Crisis" y designar algún funcionario nacional, de carácter político y civil que, como Delegado, coordine el diseño de un plan estratégico asumiendo toda la responsabilidad de las operaciones.
La respuesta, como siempre, es la ley. Siguiendo la lógica de la Constitución Nacional, no se requiere el genio de un Julio César o un San Martín para dar forma a un plan de operaciones en el terreno que neutralice el accionar de la RAM. El sentido común profesionalizado, de cualquier especialista en seguridad idóneo, basta para con los recursos disponibles diseñar un plan realizable en el corto plazo que de lugar a acciones civiles de proyección extendida para consolidar sus resultados.
No es difícil si se actúa con premura. Si se demora en dar respuesta, el riesgo es que nuevos hechos violentos pueden dar lugar a algo con lo que, por mi afición al humor negro, he bromeado en twitter. Es decir que reclamen acciones duras como las que la película "La Patagonia rebelde" atribuye al Coronel Varela, quien interpretado por Héctor Alterio alzaba la mano exhibiendo cuatro dedos para indicar los cuatro tiros de un fusilamiento. Nunca se llega a los extremos cuando se obra anticipándose a la urgencia.
Lo complicado es otro aspecto del problema, o mejor dicho otro problema vinculado y que tambíen es antiguo: los enemigos de la democracia. Porque sobre la incertidumbre respecto del paradero de Santiago Maldonado la izquierda sostuvo una operación insurreccional liderada por el terrorista montonero Horacio Verbitsky, quien desde el diario Página/12 el 07AGO17, titulando: "MACRI YA TIENE SU DESAPARECIDO", argumentaba que "El gobierno nacional pasa del negacionismo a la represión" y que siendo "el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia de Maurizio Macrì", el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, que preside el propio Verbitsky), pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Santiago Maldonado, presentado como víctima de una desaparición forzada, servía para desacreditar al gobierno nacional, pedir la renuncia de funcionarios y acusar de asesinas a las fuerzas de seguridad. La agitación vino de la mano de una serie de ejercicios de gimnasia revolucionaria. Organismos de derechos humanos, dirigentes de izquierda, artistas, periodistas, algunos pocos incautos y cualquier mamarracho, ya por ideología o por ansias de figurar, dieron por cierto el relato, bregaron por el respeto del "territorio ancestral" y hasta hubo quienes vociferaron que la Gendarmería Nacional debía abandonar sus asientos en la zona. Un delirio de confusión planficada, que todo fuera rápido, expeditivo y basado en que los organismos de derechos humanos no pueden no tener la verdad.
El hallazgo del cuerpo y los primeros resultados de la autopsia de Santiago Maldonado bastaron para tirar abajo la fábula de la cacería en el umbral de las elecciones. La maniobra insurgente fracasó en las manos de los peritos, dejando tan expuestas las mentiras como las intenciones. Estás últimas brotaron iracundas de la boca de Facundo Jones Huala :"Tiene que haber un estallido social para echar a la mierda a estos fachos asquerosos".
Un estallido, una situación de ingobernabilidad y Mauricio Macri escapando a bordo de un helicóptero; eso es lo que Verbitsky y toda la izquierda estaban buscando, lo que seguramente le prometieron a Jones Huala algunos de los tantos que, como Victoria Donda, fueron en procesión a la cárcel a la búsqueda de un nuevo ícono guerrillero y para fotografiarse con él. Curiosamente de los que ejerciendo cargos públicos pedían renuncias fingiendo convencimiento de estar ante una desaparición forzada, ninguno fue capaz de reconocer su propia irresponsabilidad y renunciar. Ninguno. Dignidad cero.
La izquierda no es democrática y tampoco es argentina. Es lo que se vio en la Plaza de Mayo el 24 de Marzo de 2017 reivindicando la lucha armada de las organizaciones terroristas mientras llamaban dictadura al gobierno de CAMBIEMOS. Y al igual que aquellas organizaciones derrotadas en los años de plomo, siguen siendo dirigidos desde Cuba por la misma dictadura a la que llaman "revolución". Su pensamiento internacionalista es tan chato, apátrida y peligroso como lo demuestra Evo Morales, quien afirma que ser guerrillero no es un delito, intentando negar que Ernesto Guevara era un invasor en Bolivia, y consecuentemente interviene en asuntos internos de la Argentina al calificar, sin ningún fundamento, de "cobarde y condenable asesinato" la muerte de Maldonado.
Enfrentar los focos de insurgencia evitando toda generación de guetos, insisto, es relativamente sencillo. Lo difícil es dar la batalla cultural y política contra la izquierda comunista para hacerle comprender a la ciudadanía argentina, especialmente a la dirigencia política republicana, que tal como suele decir Nicolás Márquez: "el macartismo es un sano y noble sentimiento".
Y realmente lo es; confrontar en el plano de las ideas ahorra sangre.
DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN TODO,
FUERA DE LA CONSTITUCIÓN NADA
¡PATRIA Y LIBERTAD!
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asociado de Vicente López
