Crudamente: Santiago Maldonado es una anécdota. Lo que está ocurriendo en el sur no empezó con su ausencia, ni terminará al darse con su paradero. Planificado o casual su caso se ha convertido en un catalizador de la violencia y la propaganda política, dando una inesperada notoriedad a la práctica terrorista y el delirio discursivo de un personaje grotesco como Facundo Jones Huala.
Resulta bien ridículo un mestizo racista, pero a lo largo de la historia otros personajes grotescos han causado tragedias a causa de ser subestimados o mal ponderados sus contextos; conviene tenerlo presente para evitarnos lamentaciones tardías.
La izquierda, de la que forman parte los organismos de derechos humanos, alienta cualquier intento insurreccional; porque tanto el concepto de la Nación Argentina como la filosofía de la Constitución Nacional son incompatibles con sus prédicas clasistas y proyectos dictatoriales. Los mapuches son las principales víctimas de su último experimento de agitación, desde que pretenden negarles su condición de argentinos y enfrentarlos con otros argentinos. Eso es grave e inadmisible.
Defender el estilo de vida señalado por la Constitución Nacional, como la integridad territorial, no debe generar ninguna vacilación en las autoridades encargadas de velar por su irrestricta supremacía. Es hora de librarnos de la pretendida "culpa argentina" por genocidios que no existieron y recuperar el sentido común, porque tenemos leyes que aplican a casos como este. Ciertamente no se puede ni se desea obligar a nadie a ser argentino, pero si se puede, se debe y es deseable obligar a todos los que habitan suelo argentino a respetar la ley. Dentro de la ley todo, fuera de de la ley nada.
La primera respuesta está escrita en la propia Constitución Nacional, que en su artículo 22 establece: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de este comete delito de sedición". Consecuentemente, contempla el artículo siguiente la posibilidad de aplicar el estado de sitio para el caso de conmoción interna, pero antes de tal extremo corresponde aplicar la Ley 24.059 de Seguridad Interior, cuya finalidad es tan simplemente garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional.
La ley de Seguridad Interior contempla la creación de un Comité de Crisis para cuando "estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada" o "se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal".
Ahí está el instrumento previsto por el legislador para enfrentar esta situación: convocar a través del Consejo de Seguridad Interior un Comité de Crisis y designar algún funcionario nacional, de carácter político y civil que, como Delegado, coordine el diseño de un plan estratégico y asuma toda la responsabilidad de las operaciones. Porque si algo enseña la historia, es que no se puede tirar el fardo sobre las fuerzas de seguridad y policiales, para juzgarlos después con caras de desentendidos; hay que conducirlas. La política tiene que hacerse cargo, porque para eso está.
La respuesta, como siempre, es la ley. Y requiere del gobierno nacional, como de los gobiernos de las provincias afectadas, la voluntad política de sobreponerse a la presión de la izquierda; para que el problema deje de serlo antes de escalar en busca de los extremos.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha.
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Estado Libre Asociado de Vicente López
