OSCAR PARRILLI Y SU PERSECUTA ILEGAL

Es clásico en Argentina que los funcionarios se tomen atribuciones que no les corresponden. Intencionadamente ignoran la vigencia del claro y elemental principio de la legalidad establecido en el Artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". La constante aplicación de esta regla haría innecesarias gran cantidad de normas de las que abultan sin beneficio alguno el Derecho Argentino.

Toda la sana lógica jurídica del país, la razón de ser de la ciudadanía, se basa en esa fórmula, contrariada históricamente por tendencias autoritarias y llevadas al paroxismo durante la implantación del régimen kirchnerista; cuyo proyecto totalitario ha logrado el desdoblamiento constitucional, separando la constitución formal de la material, para subordinar la letra ya inerte de la Constitución Nacional a la voluntad presidencial.

El país, crisis mediante, se dejó someter por un gobierno surgido de iure pero que gobierna de facto aunando la suma del poder público. Al crearse el Ministerio de Cultura por decreto presidencial de pretendida necesidad e inexistente urgencia, en abierta oposición a lo normado por la Constitución Nacional, quedó en evidencia la subordinación al Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial. Así, en nombre de la "cultura" un enorme aparato de propaganda y control social corroe diariamente los principios republicanos procurando establecer como verdades definitivas las muchas mentiras y engaños del régimen.

Antes de eso, que entre muchos ejemplos marca -a mí criterio- el punto más grave de daño institucional, la vulgaridad patotera de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio contribuyó a consolidar la arbitrariedad como regla, marcando el peso del poder real más allá de las formalidades legales. Se impuso a los habitantes del país, en especial a la dirigencia empresarial, temores propios de súbditos dependientes de las benevolencia del Príncipe. Con amenazas e intimidaciones, ya de cierta sutileza o decididamente groseras, la impunidad de país en el que las leyes están de adorno quedó a la vista del todos. 

Mientras todas esas aberraciones al espíritu jurídico de la Nación se desarrollaban, Oscar Parrilli ofició como Secretario General de la Presidencia. Es un funcionario netamente kirchnerista, por lo tanto enemigo de la Constitución Nacional.

No sorprende entonces que, desde el cargo de Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, pretenda tomarse atribuciones que la ley no le confiere. Ocurre que mediante la Resolución 202/2015, dictada el 03SET15 y publicada en el Boletín Oficial, se cree con facultades para hacer que los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia presenten declaraciones juradas que la ley no les reclama. 

En sus considerandos alude Parrilli, con la intervención de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI, que el artículo 25 “in fine”de la Ley 27.126 establece que la Agencia Federal de Inteligencia deberá:

"supervisar las acciones de los ex agentes con el fin de prevenir el accionar en tareas de inteligencia". 

La norma citada no avala la pretensión de Parrilli, pues de ninguna manera surge de ella obligación alguna a los ex agentes de Inteligencia sino que establece un deber para la AFI. Viene a resultar, exclusivamente, una orden de trabajo para los agentes en actividad. Rutina, puesto que monitorear en qué anda la vieja tropa es algo que hacen por norma todos los servicios que trabajan con seriedad profesional. Esa tarea, en razón de la finalidad apuntada, supone un criterio selectivo desde las capacidades, intereses y posibilidades de cada elemento, porque sería de una ingenuidad absoluta, cosa de estúpido imberbe, creer que si alguien muta su lealtad incorporándose a otro servicio de Inteligencia va a ir a escribirlo en una planilla... 

A la luz de los tristes sucesos que culminaron la debacle institucional de la Secretaría de Inteligencia, tras más de una década de pésima gestión kirchnerista, no hay que ser muy despierto para entender que la AFI no va por mejor camino. Parrilli y sus secuaces no solamente no leyeron los manuales básicos de Inteligencia, ni siquiera hojearon alguna novela o vieron una película de espionaje, ¿qué digo? ¡ni algún capítulo del Superagente 86! De otra manera no se entiende que en plena era de la información, un servicio de Inteligencia incurra en el papelón de publicar un considerando tan ridículo como este:

"...resulta necesario establecer mecanismos que permitan el cumplimiento de dicha obligación de control en un marco de agilidad y certeza, facilitando asimismo la localización de los ex agentes que pudieren ser eventualmente convocados por razones de servicio". 

Y los mecanismos terminaron siendo una planilla que, diseñada al efecto, resulta tan patética que es todo un desafío no leerla sin largar la carcajada. Es tan disparatada que he tratado de darle algo de seriedad escribiendo en ella como si la completase Maxwell Smart...

Además de lo absurdo de los considerandos, implica una persecuta ilegal y estigmatizante. Estigmatizante porque, más allá del disfraz de palabras, estas cosas no trascienden por utilidad ni transparencia, sino para acentuar la idea de los agentes de inteligencia como enemigos públicos o "mano de obra desocupada". Pero como en la republiqueta del régimen no abundan jueces que merezcan respeto, la opción sencilla será llenar el formulario. Al fin de cuentas acá las cosas son así, los funcionarios inventan trámites -tan arbitrarios como innecesarios- porque la Constitución Nacional es apenas una sugerencia y no la ley suprema de la Nación.


Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
www.plumaderecha.blogspot.com
Estado Libre Asociado de Vicente López