- ¿Cómo llamaría a 500 abogados en el fondo del océano?
- Un excelente inicio.
(De la película "La guerra de los Roses")
El 24 de Abril se realizaron las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Es, el CPACF, el mejor ejemplo de una institución ficticia, uno de los mayores despropósitos jurídicos instalados en la República Argentina.
Quienes mejor explicaron la esencia espuria del CPACF fueron los Dres. Santiago Tamagnone (h) y María Inés Calvo a través del libro que escribieron luego que el Dr Tamagnone fuera proscripto del ejercicio profesional de la abogacía por negarse a vestir corbata. "Uso y abuso de las corbatas" fue publicado en 1994, por la Editorial de los Juristas Underground, y prologado por el Dr. Enrique Pinedo.
Según los autores los colegios públicos de abogados constituyen el emblemático signo de la distorsión de ideas que afectan a la práctica de la abogacía, porque bajo la argucia declamada de proteger la libertad y dignidad de la profesión de abogado, lo único que hacen es cercenar libertades con la vocación reglamentarista de las absurdas burocracias.
Así, el CPACF fue creado por la Ley 23.187 que responde a una concepción jurídica y política de rancio sesgo autoritario, manifestada vehementemente a través de un articulado reglamentarista y corporativo. Esa ley hace gala de un torcido federalismo, al tiempo que "arrasa con las libertades de trabajo y asociación al imponer un corporativismo deleznable que amontona dentro de una misma bolsa a todos los abogados que hagan ejercicio de su profesión en la Capital Federal", y ello gracias al mecanismo de la matriculación obligatoria para revestir al CPAFC de una fingida representatividad.
Por la obligatoriedad de la matrícula para ejercer la profesión, el CPACF puede jactarse de tener registrada una cifra monstruo de abogados, al punto que su padrón electoral supera los 65.000 inscriptos. Solamente el número da muestra de una sorprendente masificación para una profesión liberal y, atenta a conferirle alguna suerte de legitimación forzada a su engendro burocrático, la ley obliga al voto previendo sanciones para el caso de no concurrencia a las urnas.
Sin embargo, aún siendo obligatorio votar, sólo lo hizo el 26,19% del total del padrón. Es decir que el 73,81% de los abogados matriculados ha ignorado el comicio, pese a la obligatoriedad legal y la consecuente sanción. Esa abstinencia masiva demuestra el descrédito moral del CPACF, ya que no cuenta ni siquiera con el interés de un tercio de los abogados obligados a sostenerlo. No tiene ninguna relevancia que la Lista de Jorge Rizzo, "Gente de Derecho", se haya impuesto por sobre las de Atilio Alterini "Cambio pluralista" y la de Damián Loretti "Colegio para todos", entre otras que se prestaron a la parodia. La elección en sí, es insignificante.
Ello es así porque la existencia del CPACF es totalmente innecesaria. Tamagnone & Calvo proponen la derogación de la Ley 23.187 para que sean las facultades de derecho las que controlen el desempeño profesional de sus graduados, cuidando así su prestigio sobre auténticas bases éticas y sin dividir al país en "cotos de caza" corporativos; ya que al igual que el título de abogado la matrícula debe ser nacional.
Mientras tanto siga en vigencia la 23.187, cabe preguntarse si los abogados argentinos son tan mediocres que requieren de una ley puntual que apuntale una farsa de libertad y dignidad en la profesión de abogado, y si así fuera, si la mediocridad resulta incorregible, entonces el chiste del epígrafe dejaría de tener gracia y sería, apenas, un buen comienzo.
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
Estado Libre Asociado de Vicente López